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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.
Como recogía dosmanzanas en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).
En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.
En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.
Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.
Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores
La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.
La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.
Registro de la proposición de ley integral de transexualidad
Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.
Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.
Fuente: http://www.dosmanzanas.com/2018/02/l...de-genero.html
Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.
Como recogía dosmanzanas en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).
En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.
En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.
Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.
Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores
La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.
La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.
Registro de la proposición de ley integral de transexualidad
Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.
Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.
Fuente: http://www.dosmanzanas.com/2018/02/l...de-genero.html
