Enviado Flick el 06 Mayo 2010
El grupo parlamentario socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley a favor de que la transexualidad deje de estar catalogada como enfermedad mental tanto en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud como en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuya próxima edición se prepara en estos momentos.
En concreto, la iniciativa pide al Gobierno “activar las gestiones oportunas ante la Organización Mundial de la Salud, para la retirada de la clasificación de la transexualidad o disforia de género como enfermedad mental, aprovechando el proceso actualmente en curso de revisión de las clasificaciones que establece dicha entidad de referencia en los sistemas sanitarios y los ordenamientos jurídicos correspondientes” (pincha aquí para descargar el documento en formato PDF).
Según el diputado Daniel Méndez, que firma la iniciativa, ésta responde al objeto de “levantar los obstáculos y establecer las condiciones que eliminen la discriminación que sufren las personas transexuales, promoviendo de esta forma la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. En palabras de la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, “gracias a los avances logrados en nuestra legislación a favor de la igualdad legal de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, España se ha convertido en referente internacional de la lucha por la igualdad y la no discriminación de estos colectivos y, como tal, tiene la obligación moral de liderar esta batalla también en el plano internacional”.
La despatologización de la transexualidad es una demanda que en los últimos tiempos ha sido liderada por el movimiento Stop Trans Pathologization-2012, impulsado por grupos del activismo alternativo de todo el mundo aunque con una destacada participación española a través de la Red Estatal por la Despatologización de las Identidades Trans. Una demanda a la que otros grupos LGTB y formaciones políticas se han ido adhiriendo. Ya en marzo el Gobierno español se había mostrado a favor de la iniciativa ante una pregunta parlamentaria formulada por el diputado Joan Herrera, del grupo ERC-IU-ICV.