Un homosexual y una transexual residentes en Baleares no percibirán la pensión vitalicia para represaliados por las leyes franquistas que el Gobierno central les había prometido, ya que el proyecto de Ley de la 'Memoria Histórica' aprobado por el Consejo de Ministros ha dejado fuera a este colectivo duramente perseguido en esa etapa
Diario de Navarra-. El presidente de la Asociación de Ex-presos Sociales, Antonio Ruiz, anunció a Europa Press que emprenderá acciones judiciales por la vía penal contra las personas que llevaron a cabo la represión, condenando a prisión a más de 5.000 hombres y mujeres en España en base a la Ley de Vagos y Maleantes y de Rehabilitación y Peligrosidad Social, de los que apenas unos 75 siguen con vida, dos de ellos residiendo en el archipiélago.
Una de ellas es María Trinidad Martí, quien sufrió con apenas 17 años una condena de cuatro meses en la prisión de Huelva acusada de escándalo público por vestirse de mujer, en base a la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que se mantuvo parcialmente vigente hasta 1995.
María Trinidad cuenta que, desde muy jóvenes, tanto ella como su hermana gemela, que ahora ya no vive, supieron que el cuerpo que tenían no encajaba con su manera de sentir y comenzaron a hormonarse. Un día de 1970, en plena celebración de una comunión en Armilla (Granada), seis agentes de la Guardia Civil las detuvieron y, tras pasar la noche en el calabozo, las mandaron a la cárcel de Huelva (que junto con la de Badajoz era donde cumplían condena los homosexuales y transexuales detenidos).
Según señaló, ellas tuvieron «suerte» por ser «tan jóvenes» y «muy femeninas». Aun así, aseguró que las violaciones, palizas, insultos e incluso descargas eléctricas que recibían muchos de los presos, «no son fáciles de olvidar». «Tuvimos que buscar un protector para que no nos hicieran nada», señaló.
Al salir de la cárcel, la ley establecía un destierro de un año lejos de su domicilio. Por ese motivo, se trasladaron a vivir a Palma, donde pudieron encontrar trabajo y establecerse. «Desde entonces», aseguran, «nos fue mucho mejor. Pero es duro vivir con esa vergüenza en el recuerdo».
El compromiso del Gobierno central con esta Asociación hablaba de pensiones vitalicias de unos 750 euros mensuales, además de un desembolso inicial de unos 12.000 euros. Una promesa que, según señaló Ruiz, «han incumplido por miedo a la presión del PP».
Según afirmó Ruiz, todos los Grupos Parlamentarios en la oposición, a excepción del Popular, les han ofrecido su apoyo y les han asegurado que presentarán enmiendas en el Congreso proponiendo la compensación por los agravios sufridos. El presidente de la Asociación lamentó este «paso atrás» del Gobierno que «contradice todo el apoyo que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, nos manifestó».
«El Proyecto de Ley olvida todas las víctimas civiles inocentes del tardofranquismo desoyendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y dando la espalda a las reivindicaciones de años del colectivo homosexual español», dijo.
Ruiz criticó el hecho de que se aumenten las prestaciones a los que ya las percibían y en cambio «se ignore a los que, después de casi 30 años de democracia, todavía no se les ha reparado la violación de sus derechos civiles».
«No se trata de una reivindicación económica. Simboliza la satisfacción de la deuda que el Estado y toda la sociedad tienen con las personas que sufrieron represión a causa de su orientación sexual. De compensar el agravio cometido en muchos casos con la Constitución Española ya vigente», aclaró.