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Transexuales corren “alto riesgo” de discriminación en EU: Amnistía Internacional
* La homofobia y el racismo van unidos: especialistas
* Impunidad en los casos de Octavio Acuña y Antonio Chamorro
México DF, junio 28 de 2006 (Christian Rea Tizcareño/NotieSe).- A 37 años de la redada de la policía de Nueva York a un bar gay, que dio lugar al movimiento moderno en favor de los derechos de la diversidad sexual, la Sección Mexicana de Amnistía Internacional (AI) presentó el informe: “Stonewall. Seguir exigiendo respeto: Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estado Unidos”, el cual revela que las personas transexuales corren alto riesgo en la unión americana.
A pesar de los logros obtenidos en los tratados internacionales y en las políticas locales, este sector de la población aún es discriminado por agentes policíacos, no sólo en México, sino en Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa Magaly Piña Bedolla, vocera de AI.
En tal documento aparecen entrevistas realizadas por AI a las víctimas de la violencia por motivos de género y orientación sexual, y es el resultado de una investigación entre 2003 y 2005 en cuatro ciudades de Estados Unidos: Ilinois; Los Ángeles, California; Nueva York y San Antonio, Texas.
El testimonio de una mujer transgénero, indígena americana, que fue violada por dos guardianes del orden es un ejemplo de que la homofobia y el racismo van unidos. Asimismo, la edad, el nivel socioeconómico y la condición de inmigrante también contribuye al riesgo de sufrir abusos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el vecino país del norte, explicó Magaly Piña.
De acuerdo a los datos del estudio, la ubicación de los centros de reclusión de las personas gays y lesbianas, en relación con otros detenidos, tiene un efecto importante a la hora de garantizar su seguridad; sobre todo en el caso de las personas transgénero que corren especial peligro en las cárceles. En éstas no hay una separación por el género, sino por el sexo biológico. Por lo tanto, las mujeres transgénero son encerradas en apartados para varones, donde son vulneradas por sus compañeros.
Por su parte, el abogado Eduardo Reyes, responsable del monitoreo y análisis en el Programa de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, comparó el informe con la realidad mexicana.
Al respecto, indicó que la política de seguridad de Estado en México centra la atención de los cuerpos de seguridad pública en la protección de la ley y no en el resguardo de las libertades de los ciudadanos. Esto permite la violación de derechos humanos fundamentales por la “discrecionalidad” con la que, “a partir de prejuicios”, actúan los policías.
Además recalcó que se necesita avanzar en reformas legales para tipificar, en el ámbito regional, el delito de discriminación y el de detención arbitraria, ya que ejemplos como Jalisco y Guerrero, en donde se presentaron propuestas en este sentido hace tres años, representan la “congeladora legislativa”, en consecuencia de la actitud negligente de algunos diputados y senadores.
“La gran deuda de esta administración federal tiene que ver con la reforma del sistema penal. El andamiaje jurídico con el que contamos es autoritario, inquisitorio, que no permite la justicia integral”, declaró.
A su vez, Mauricio List, antropólogo y profesor del colegio de antropología social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Grupo de Investigación Sexualidad y Sociedad y autor del libro “Jóvenes, corazones gays en la Ciudad de México”, expuso que las agresiones policíacas por motivos de género y orientación sexual “son una forma de reafirmación de la jerarquía en la línea de poder”, y en la cúspide de ésta se encuentra el varón, sujeto también a consideraciones de raza y clase social.
“Los procesos de investigación suelen ser nuevos abusos contra las víctimas. Regularmente no hay testigos, lo que hace más probable su impunidad. En los casos de deceso, las autoridades judiciales se apresuran a concluir que fueron suicidios o crímenes pasionales. El tortuguismo es signo característico. En muchos casos se acusa a los allegados de ser los principales sospechosos. No deben seguir existiendo casos como el de Octavio Acuña en Querétaro o el de Antonio Chamorro en Puebla”, finalizó.
* La homofobia y el racismo van unidos: especialistas
* Impunidad en los casos de Octavio Acuña y Antonio Chamorro
México DF, junio 28 de 2006 (Christian Rea Tizcareño/NotieSe).- A 37 años de la redada de la policía de Nueva York a un bar gay, que dio lugar al movimiento moderno en favor de los derechos de la diversidad sexual, la Sección Mexicana de Amnistía Internacional (AI) presentó el informe: “Stonewall. Seguir exigiendo respeto: Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estado Unidos”, el cual revela que las personas transexuales corren alto riesgo en la unión americana.
A pesar de los logros obtenidos en los tratados internacionales y en las políticas locales, este sector de la población aún es discriminado por agentes policíacos, no sólo en México, sino en Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa Magaly Piña Bedolla, vocera de AI.
En tal documento aparecen entrevistas realizadas por AI a las víctimas de la violencia por motivos de género y orientación sexual, y es el resultado de una investigación entre 2003 y 2005 en cuatro ciudades de Estados Unidos: Ilinois; Los Ángeles, California; Nueva York y San Antonio, Texas.
El testimonio de una mujer transgénero, indígena americana, que fue violada por dos guardianes del orden es un ejemplo de que la homofobia y el racismo van unidos. Asimismo, la edad, el nivel socioeconómico y la condición de inmigrante también contribuye al riesgo de sufrir abusos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el vecino país del norte, explicó Magaly Piña.
De acuerdo a los datos del estudio, la ubicación de los centros de reclusión de las personas gays y lesbianas, en relación con otros detenidos, tiene un efecto importante a la hora de garantizar su seguridad; sobre todo en el caso de las personas transgénero que corren especial peligro en las cárceles. En éstas no hay una separación por el género, sino por el sexo biológico. Por lo tanto, las mujeres transgénero son encerradas en apartados para varones, donde son vulneradas por sus compañeros.
Por su parte, el abogado Eduardo Reyes, responsable del monitoreo y análisis en el Programa de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, comparó el informe con la realidad mexicana.
Al respecto, indicó que la política de seguridad de Estado en México centra la atención de los cuerpos de seguridad pública en la protección de la ley y no en el resguardo de las libertades de los ciudadanos. Esto permite la violación de derechos humanos fundamentales por la “discrecionalidad” con la que, “a partir de prejuicios”, actúan los policías.
Además recalcó que se necesita avanzar en reformas legales para tipificar, en el ámbito regional, el delito de discriminación y el de detención arbitraria, ya que ejemplos como Jalisco y Guerrero, en donde se presentaron propuestas en este sentido hace tres años, representan la “congeladora legislativa”, en consecuencia de la actitud negligente de algunos diputados y senadores.
“La gran deuda de esta administración federal tiene que ver con la reforma del sistema penal. El andamiaje jurídico con el que contamos es autoritario, inquisitorio, que no permite la justicia integral”, declaró.
A su vez, Mauricio List, antropólogo y profesor del colegio de antropología social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Grupo de Investigación Sexualidad y Sociedad y autor del libro “Jóvenes, corazones gays en la Ciudad de México”, expuso que las agresiones policíacas por motivos de género y orientación sexual “son una forma de reafirmación de la jerarquía en la línea de poder”, y en la cúspide de ésta se encuentra el varón, sujeto también a consideraciones de raza y clase social.
“Los procesos de investigación suelen ser nuevos abusos contra las víctimas. Regularmente no hay testigos, lo que hace más probable su impunidad. En los casos de deceso, las autoridades judiciales se apresuran a concluir que fueron suicidios o crímenes pasionales. El tortuguismo es signo característico. En muchos casos se acusa a los allegados de ser los principales sospechosos. No deben seguir existiendo casos como el de Octavio Acuña en Querétaro o el de Antonio Chamorro en Puebla”, finalizó.
