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Cruces que representan a las mujeres asesinadas por violencia machista, expuestas el pasado 8 de marzo en Vinarós. DOMENECH CASTELLÓ efe
Desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial, un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas
Antes también las mataban. Pero era de puertas para adentro y no se contaban. Maridos contra sus mujeres. Tan suyas que disponían hasta de su vida. España vivía de espaldas a la violencia de género hasta que una mujer, con voz suave y marcado acento granadino, contó su calvario en televisión: “En 40 años solo me ha dado palizas y sinsabores”. Dos semanas después fue quemada viva por su exesposo. Era 1997 y aquel testimonio de Ana Orantes fue el revulsivo para que algunas cosas empezaran a cambiar. Para que esas mujeres empezaran a contar también de puertas afuera. El Gobierno inauguró en 2003 un recuento oficial que acaba de llegar a una cifra tan redonda como negra: 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
A la primera que entró en esa lista, Diana Yanet Vargas, la mató su pareja en Fuengirola (Málaga) una noche de Reyes: “No me pegues, no me pegues. No me tires”, gritó ella. La arrojó por un balcón. Entre Diana Yanet Vargas y Ana Lucía da Silva Sepulchro, asesinada el pasado 14 de junio, un millar de mujeres de todas las edades y condición han perdido la vida a manos de los hombres que decían quererlas. El grupo de edad con más asesinadas es el de 31 a 40 años. 10 eran menores de edad. Otras seis pasaban de 85 años.
La mayoría de los casos siguen ocurriendo casi en silencio, sin que medie un aviso previo. Tres de cada cuatro asesinadas no denunciaron nunca a sus maridos, sus novios o sus exparejas. Las dificultades para proteger a esas mujeres que no dieron la voz de alarma, entender lo que supone el silencio y el círculo de la violencia, es uno de los aspectos en revisión de todo el sistema que se ha creado a lo largo de estos 16 años para combatir la violencia machista. “Tenemos sentencias que explican que el retraso en denunciar no se debe a que no haya fundamento, sino al propio proceso del ciclo de la violencia y del tiempo que la mujer necesita para tomar esa difícil decisión contra una persona a la que ha estado vinculada”, explica la jurista Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entre 2008 y 2013. Distintos estudios muestran cómo ellas tardan de media casi nueve años en denunciar. También es clave entender qué falló en la protección del otro 25% de esas víctimas que sí solicitaron la ayuda al sistema, pero fueron igualmente asesinadas.
La gran clave de aquella España que empezó a contar a sus muertas fue entender que no se trataba de un asunto ni privado ni aislado ni único, sino un problema público, un drama social de gran calado. El forense Miguel Lorente empezó a ver a finales de los noventa cómo en su consulta se repetía un patrón que no se esperaba. “Entré en shock”, cuenta Lorente, que después fue delegado del Gobierno para la violencia de género entre 2008 y 2011. “Vi a muchas mujeres parecidas. Todas creían que solo les pasaba a ellas, que su marido era muy bueno”. Esas mujeres aparecían con lesiones muy graves y le decían aquello de "mi marido me pega lo normal" que le dio para titular un libro.
MENORES VÍCTIMAS MORTALES
“Lo que más me sorprendía era la frialdad. Aquellos atestados mostraban el cálculo y ensañamiento con el que actuaban los asesinos, cómo preparaban la pistola y lo planificaban todo”, rememora de aquellos años Soledad Murillo, actual secretaria de Estado de Igualdad. Ella fue otra de las impulsoras de la ley integral de violencia de género aprobada en 2004, cuando ejercía como Secretaria de Igualdad. La ley “puso el acento en las relaciones de poder, habla de las relaciones sentimentales como relaciones de poder y conecta esos crímenes con lo público, no con el ámbito privado”. Enumera la lista con algunas de las medidas recogidas en aquella norma que salió a la segunda, después de que el PP vetara un primer intento: los juzgados y fiscalías especializadas en los que se atoró la formación de jueces y juezas, un observatorio para recoger y analizar cifras o reconocimiento y pensiones para los huérfanos, que se acabaron aprobando más de tres lustros después y que este junio siguen pendientes de tramitación.
HUÉRFANOS
Murillo y Lorente admiten que había aspectos de la ley que “no se cumplían”. “Ha faltado desarrollo, las leyes son esqueletos sobre los que hay que construir una nueva realidad. Tenía que haberse trabajado mucho más”, lamente el forense.
A las mujeres las siguen matando. Mientras, se alzan voces que piden eliminar las leyes contra la violencia de género como las del partido ultraderechista Vox, porque, dicen, “no funcionan”
“No podemos desautorizar una ley porque se quebrante como se quebranta el Código Penal. Nadie pone en cuestión la ley tributaria cuando se produce una malversación”, critica Murillo.
Muchas de las medidas que no llegó a desarrollar aquella norma —sobre educación, formación de jueces y fiscales o sobre protección a las mujeres que no denuncian— aparecen repetidas y ampliadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que salió en 2017 con el trabajo de todos los grupos políticos del Congreso. La cuenta pendiente ahora es su desarrollo para prevenir los casos, para proteger mejor a las mujeres y seguir ahondando en las razones por las que las atacan. La clave, explica la jurista Inmaculada Montalbán, es muy profunda y está enraizada en el patriarcado: “Algunos hombres no consienten que las mujeres ejerzan sus derechos con libertad porque creen que es un desafío para su masculinidad”.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/1560927085_574747.html
Cruces que representan a las mujeres asesinadas por violencia machista, expuestas el pasado 8 de marzo en Vinarós. DOMENECH CASTELLÓ efe
Desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial, un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas
Antes también las mataban. Pero era de puertas para adentro y no se contaban. Maridos contra sus mujeres. Tan suyas que disponían hasta de su vida. España vivía de espaldas a la violencia de género hasta que una mujer, con voz suave y marcado acento granadino, contó su calvario en televisión: “En 40 años solo me ha dado palizas y sinsabores”. Dos semanas después fue quemada viva por su exesposo. Era 1997 y aquel testimonio de Ana Orantes fue el revulsivo para que algunas cosas empezaran a cambiar. Para que esas mujeres empezaran a contar también de puertas afuera. El Gobierno inauguró en 2003 un recuento oficial que acaba de llegar a una cifra tan redonda como negra: 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
A la primera que entró en esa lista, Diana Yanet Vargas, la mató su pareja en Fuengirola (Málaga) una noche de Reyes: “No me pegues, no me pegues. No me tires”, gritó ella. La arrojó por un balcón. Entre Diana Yanet Vargas y Ana Lucía da Silva Sepulchro, asesinada el pasado 14 de junio, un millar de mujeres de todas las edades y condición han perdido la vida a manos de los hombres que decían quererlas. El grupo de edad con más asesinadas es el de 31 a 40 años. 10 eran menores de edad. Otras seis pasaban de 85 años.
La mayoría de los casos siguen ocurriendo casi en silencio, sin que medie un aviso previo. Tres de cada cuatro asesinadas no denunciaron nunca a sus maridos, sus novios o sus exparejas. Las dificultades para proteger a esas mujeres que no dieron la voz de alarma, entender lo que supone el silencio y el círculo de la violencia, es uno de los aspectos en revisión de todo el sistema que se ha creado a lo largo de estos 16 años para combatir la violencia machista. “Tenemos sentencias que explican que el retraso en denunciar no se debe a que no haya fundamento, sino al propio proceso del ciclo de la violencia y del tiempo que la mujer necesita para tomar esa difícil decisión contra una persona a la que ha estado vinculada”, explica la jurista Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entre 2008 y 2013. Distintos estudios muestran cómo ellas tardan de media casi nueve años en denunciar. También es clave entender qué falló en la protección del otro 25% de esas víctimas que sí solicitaron la ayuda al sistema, pero fueron igualmente asesinadas.
La gran clave de aquella España que empezó a contar a sus muertas fue entender que no se trataba de un asunto ni privado ni aislado ni único, sino un problema público, un drama social de gran calado. El forense Miguel Lorente empezó a ver a finales de los noventa cómo en su consulta se repetía un patrón que no se esperaba. “Entré en shock”, cuenta Lorente, que después fue delegado del Gobierno para la violencia de género entre 2008 y 2011. “Vi a muchas mujeres parecidas. Todas creían que solo les pasaba a ellas, que su marido era muy bueno”. Esas mujeres aparecían con lesiones muy graves y le decían aquello de "mi marido me pega lo normal" que le dio para titular un libro.
MENORES VÍCTIMAS MORTALES
“Lo que más me sorprendía era la frialdad. Aquellos atestados mostraban el cálculo y ensañamiento con el que actuaban los asesinos, cómo preparaban la pistola y lo planificaban todo”, rememora de aquellos años Soledad Murillo, actual secretaria de Estado de Igualdad. Ella fue otra de las impulsoras de la ley integral de violencia de género aprobada en 2004, cuando ejercía como Secretaria de Igualdad. La ley “puso el acento en las relaciones de poder, habla de las relaciones sentimentales como relaciones de poder y conecta esos crímenes con lo público, no con el ámbito privado”. Enumera la lista con algunas de las medidas recogidas en aquella norma que salió a la segunda, después de que el PP vetara un primer intento: los juzgados y fiscalías especializadas en los que se atoró la formación de jueces y juezas, un observatorio para recoger y analizar cifras o reconocimiento y pensiones para los huérfanos, que se acabaron aprobando más de tres lustros después y que este junio siguen pendientes de tramitación.
HUÉRFANOS
Murillo y Lorente admiten que había aspectos de la ley que “no se cumplían”. “Ha faltado desarrollo, las leyes son esqueletos sobre los que hay que construir una nueva realidad. Tenía que haberse trabajado mucho más”, lamente el forense.
A las mujeres las siguen matando. Mientras, se alzan voces que piden eliminar las leyes contra la violencia de género como las del partido ultraderechista Vox, porque, dicen, “no funcionan”
“No podemos desautorizar una ley porque se quebrante como se quebranta el Código Penal. Nadie pone en cuestión la ley tributaria cuando se produce una malversación”, critica Murillo.
Muchas de las medidas que no llegó a desarrollar aquella norma —sobre educación, formación de jueces y fiscales o sobre protección a las mujeres que no denuncian— aparecen repetidas y ampliadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que salió en 2017 con el trabajo de todos los grupos políticos del Congreso. La cuenta pendiente ahora es su desarrollo para prevenir los casos, para proteger mejor a las mujeres y seguir ahondando en las razones por las que las atacan. La clave, explica la jurista Inmaculada Montalbán, es muy profunda y está enraizada en el patriarcado: “Algunos hombres no consienten que las mujeres ejerzan sus derechos con libertad porque creen que es un desafío para su masculinidad”.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/1560927085_574747.html
