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Es obvio que el rechazo que se ha producido desde sectores conservadores contra esta ley tiene dos bases esenciales, preservar el negocio de la enseñanza privada y preservar la educación católica.
Sobre estos dos puntos nada tengo que añadir a tantos artículos que han desmontado y criticado esos intereses, es lo que se podría llamar “el derecho al privilegio”, a costa del dinero público.
Hay otro aspecto de esta ley muy interesante y con gran visión de futuro próximo.
En estas últimas décadas ha llegado un gran número de inmigrantes, básicamente desde tres puntos de origen: América Latina (con prácticas religiosas cristianas, pero no siempre católicas), Magreb y África sub-sahariana ( mayormente fieles al Islam) y China (diversos cultos).
Como ha ocurrido en nuestros países vecinos, la inmigración nos ha aportado elementos culturales diferentes que nos enriquecen y también sus respectivas religiones, cuya práctica el estado laico protege.
En la medida que esta nueva ley establece distancia entre educación pública y religión, en la medida que deja de puntuar para la nota del alumnado, se abre un espacio lógico que invita a las diversas confesiones a impartir sus creencias en sus propios espacios o templos. Nada nuevo para Francia u Holanda, pero aquí se ha opuesto la Conferencia Episcopal para defender su supuesta preeminencia socio-cultural e influencia educativa en el alumnado. Pero es que el nacional-catolicismo ya caducó.
Desde un punto de vista de los Derechos Humanos hay pautas en la educación católica y en otras, que parten de una noción del “pecado” que choca con algunas leyes y derechos básicos. Razón de más para aparcar la religión de la nota final y de seguro acudirá el alumnado realmente interesado. Entiendo que esta asignatura se podría convertir en una necesaria formación en historia de las religiones, sin esa base no es posible entender el pasado y el presente. Quien desee una estricta educación religiosa debería de acudir a la catequesis de su respectiva parroquia o templo. Siempre entendiendo que toda prédica que no respete la dignidad e integridad de las personas es inadmisible.
En los EEUU hay escuelas cristianas que rechazan la teoría de la evolución de Darwin y parten del “creacionismo bíblico”. Poca broma. En varios estados las normas religiosas están por encima de las leyes de ese estado, como por ejemplo en Idaho.
El problema fundamental reside en revisar el Concordato con el Vaticano establecido en 1979 y que tantas ventajas otorga a la Iglesia Católica. Han pasado muchos años, una media del 60% de contribuyentes año tras año, no marca la casilla de esta religión en la declaración del irpf y la masa del agnosticismo no para de crecer. A esto cabe añadir la llegada de miles y miles de fieles de otras religiones.
En pocos años estos nuevos y crecientes núcleos religiosos van a medirse con el catolicismo y lógicamente ya se dan agravios comparativos. Nuestra Constitución, aunque laica, reconoce la preponderancia de la Iglesia Católica, más o menos mayoritaria en 1978, pero no ahora.
Para nada hay que desdeñar la función del voluntariado de Cáritas y otras actuaciones caritativas, pero por encima de todo está la libertad de culto o mejor dicho, la libertad de las varias religiones.
La ley Celaá constituye pues una enorme oportunidad para deslindar le educación pública de la religión y dar un correcto paso en dirección laica, por limitado que sea.
La ley Celaá marca un baremo o límite entre el estado y todas las confesiones, de manera que todas sean tratadas con el mismo rasero.
Quien ha venido a trabajar y a vivir en nuestro país, debe de poder ejercer sus derechos confesionales en igualdad con las demás religiones, de lo contrario se fractura la sociedad y se crean marcos de no-convivencia en la diversidad, ámbitos de posible conflicto.
Toda la ciudadanía debe de saber y conocer que co-existen diversas creencias al margen del estado y sus instituciones, que deberían de ser del todo laicas. El conjunto de creyentes de una u otra religión debe de sentirse cómodo en la práctica de su fe y saber que convive con otras religiones y con una gran masa agnóstica y que por tanto debe respetar al resto de creyentes, al agnosticismo y al estado laico.
La ley Celaá, -por sí misma- lógicamente no resuelve este problema latente desde hace años, pero es un pequeño pero muy inteligente progreso. Felicidades, ministra. Queda mucho por delante.
Jordi Petit
Es obvio que el rechazo que se ha producido desde sectores conservadores contra esta ley tiene dos bases esenciales, preservar el negocio de la enseñanza privada y preservar la educación católica.
Sobre estos dos puntos nada tengo que añadir a tantos artículos que han desmontado y criticado esos intereses, es lo que se podría llamar “el derecho al privilegio”, a costa del dinero público.
Hay otro aspecto de esta ley muy interesante y con gran visión de futuro próximo.
En estas últimas décadas ha llegado un gran número de inmigrantes, básicamente desde tres puntos de origen: América Latina (con prácticas religiosas cristianas, pero no siempre católicas), Magreb y África sub-sahariana ( mayormente fieles al Islam) y China (diversos cultos).
Como ha ocurrido en nuestros países vecinos, la inmigración nos ha aportado elementos culturales diferentes que nos enriquecen y también sus respectivas religiones, cuya práctica el estado laico protege.
En la medida que esta nueva ley establece distancia entre educación pública y religión, en la medida que deja de puntuar para la nota del alumnado, se abre un espacio lógico que invita a las diversas confesiones a impartir sus creencias en sus propios espacios o templos. Nada nuevo para Francia u Holanda, pero aquí se ha opuesto la Conferencia Episcopal para defender su supuesta preeminencia socio-cultural e influencia educativa en el alumnado. Pero es que el nacional-catolicismo ya caducó.
Desde un punto de vista de los Derechos Humanos hay pautas en la educación católica y en otras, que parten de una noción del “pecado” que choca con algunas leyes y derechos básicos. Razón de más para aparcar la religión de la nota final y de seguro acudirá el alumnado realmente interesado. Entiendo que esta asignatura se podría convertir en una necesaria formación en historia de las religiones, sin esa base no es posible entender el pasado y el presente. Quien desee una estricta educación religiosa debería de acudir a la catequesis de su respectiva parroquia o templo. Siempre entendiendo que toda prédica que no respete la dignidad e integridad de las personas es inadmisible.
En los EEUU hay escuelas cristianas que rechazan la teoría de la evolución de Darwin y parten del “creacionismo bíblico”. Poca broma. En varios estados las normas religiosas están por encima de las leyes de ese estado, como por ejemplo en Idaho.
El problema fundamental reside en revisar el Concordato con el Vaticano establecido en 1979 y que tantas ventajas otorga a la Iglesia Católica. Han pasado muchos años, una media del 60% de contribuyentes año tras año, no marca la casilla de esta religión en la declaración del irpf y la masa del agnosticismo no para de crecer. A esto cabe añadir la llegada de miles y miles de fieles de otras religiones.
En pocos años estos nuevos y crecientes núcleos religiosos van a medirse con el catolicismo y lógicamente ya se dan agravios comparativos. Nuestra Constitución, aunque laica, reconoce la preponderancia de la Iglesia Católica, más o menos mayoritaria en 1978, pero no ahora.
Para nada hay que desdeñar la función del voluntariado de Cáritas y otras actuaciones caritativas, pero por encima de todo está la libertad de culto o mejor dicho, la libertad de las varias religiones.
La ley Celaá constituye pues una enorme oportunidad para deslindar le educación pública de la religión y dar un correcto paso en dirección laica, por limitado que sea.
La ley Celaá marca un baremo o límite entre el estado y todas las confesiones, de manera que todas sean tratadas con el mismo rasero.
Quien ha venido a trabajar y a vivir en nuestro país, debe de poder ejercer sus derechos confesionales en igualdad con las demás religiones, de lo contrario se fractura la sociedad y se crean marcos de no-convivencia en la diversidad, ámbitos de posible conflicto.
Toda la ciudadanía debe de saber y conocer que co-existen diversas creencias al margen del estado y sus instituciones, que deberían de ser del todo laicas. El conjunto de creyentes de una u otra religión debe de sentirse cómodo en la práctica de su fe y saber que convive con otras religiones y con una gran masa agnóstica y que por tanto debe respetar al resto de creyentes, al agnosticismo y al estado laico.
La ley Celaá, -por sí misma- lógicamente no resuelve este problema latente desde hace años, pero es un pequeño pero muy inteligente progreso. Felicidades, ministra. Queda mucho por delante.
Jordi Petit
