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Activistas denuncian el hostigamiento a la comunidad por parte de altos dirigentes políticos y medios de comunicación en los países del Este, en especial en Polonia y Hungría
Ivett Ördög se despertó con un angustioso grito la mañana del 16 de junio. “Ni siquiera tuve una pesadilla”, cuenta. Una votación del día anterior en su país le había devuelto los traumas que creía haber superado. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había logrado que el Parlamento prohibiera por ley la difusión de cualquier contenido LGTBI+ (relativo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras minorías) allí donde pueda haber menores. Las ONG europeas denuncian un retroceso de las libertades LGTBI+ en la mitad oriental de Europa. ILGA-Europe, la organización en la que se integran decenas de ellas, ha urgido a las instituciones y los países de la UE a adoptar medidas para frenar “los crecientes ataques a los derechos” de esa comunidad. Su último análisis de la situación del colectivo país por país dibuja dos Europas. En una de ellas ―en la que están Malta, Bélgica o España— las instituciones siguen protegiendo la igualdad de sus ciudadanos. En la otra, la organización afirma que el camino hacia la igualdad ya no solo es más lento, sino que incluso se va deshaciendo: hay retrocesos en el reconocimiento legal de las personas trans, ataques a la sociedad civil y a la libertad de reunión y un discurso del odio más potente por parte de políticos y medios de comunicación que puede llevar a agresiones. En ese grupo están Polonia y Hungría, pero también Letonia, Bulgaria, Rumania o Eslovaquia.
Ördög ya no está en Budapest. Harta de tener que ser otra persona, hizo las maletas y se fue a Berlín el día que Orbán decidió poner fin al reconocimiento legal de las personas trans. En Alemania se siente segura. Pero esa mañana le vino a la cabeza ese clima asfixiante que dejó atrás. “Han igualado la pedofilia con ser homosexual o transgénero. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Tener que llevar algún tipo de identificación?”.
En Berlín, cuenta Ördög, ha encontrado una comunidad LGTBI+ húngara que tomó la misma decisión que ella. “Se trasladaron aquí a lo largo de las diversas etapas de la pesadilla”, explica. Orbán lleva tres años promulgando leyes e imponiendo multas para borrar al colectivo de la esfera pública. El último golpe a esos ciudadanos ha soliviantado a la mayoría de sus socios europeos. Hasta 17 jefes de Estado y de Gobierno se enfrentaron al líder húngaro para que retire esas leyes homófobas. Otros nueve, sin embargo, decidieron no estampar su firma en una carta promovida por España y Luxemburgo para reivindicar los derechos LGTBI+. Polonia, que también está desplegando su contrarreforma conservadora, cerró filas con Orbán. Pero también hay otros países de Europa del Este en los que los activistas a favor de los derechos civiles vienen expresando el temor a que sigan los pasos de Budapest y Varsovia.
La ley de Orbán ha disparado las alarmas dentro del club comunitario por sus semejanzas con la norma aprobada en Moscú en 2013 que prohibía lo que el Kremlin consideraba “propaganda gay” en los ámbitos en los que hubiera menores. Human Rights Watch ha dado ya cuenta de los efectos perniciosos que ha tenido esa norma sobre los menores LGTBI+, que desde entonces padecen más agresiones y carecen del apoyo inclusivo que requieren en entornos hostiles. El politólogo belga y director ejecutivo de la ONG Forbidden Colours, Rémy Bonny, expone que “las disposiciones de Hungría son una copia de las de Rusia. Y van más allá de los medios de comunicación y las escuelas, puesto que prohíben difundir contenido LGTBI+ en todos aquellos lugares donde pueda haber menores. Eso puede significar desde cines o teatros a la propia calle”, explica.
En ese diagnóstico coincide Bart Staszewski, un documentalista polaco de 30 años que afronta varias investigaciones policiales y judiciales por su activismo. “Orbán está haciendo un copiar y pegar de las leyes de Rusia y sigue los pasos que ha ido dando Polonia contra el colectivo”, sostiene. El último proyecto de Staszewski extendió a todo el continente el debate sobre el centenar de ayuntamientos que se declaraban “libres de ideología LGTBI”. El activista respondió con una acción que consistía en colocar carteles en la entrada del municipio con los mismos términos que empleaban los medios oficiales: Zona libre de LGTB. Esos letreros recorrieron todas las capitales. Desde entonces, en su correo electrónico acumula amenazas de todo tipo, también de muerte. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegó a acusarlo de difundir bulos. “Hay una campaña del odio contra mí. Pero voy a seguir, porque no estamos reclamando ningún privilegio. Estamos pidiendo igualdad, lo mismo que tiene el resto de los ciudadanos”, anuncia.
Justyna Nakielska, activista polaca de la Campaña contra la Homofobia, cree que Orbán sigue el camino que recorrió el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia antes de las elecciones polacas, cuando “usó al colectivo LGTBI+ en sus campañas”. “Hizo de nosotros un enemigo del Estado para ganar más votos”, explica. Los analistas políticos ven en esas leyes la vía que han elegido Fidesz (el partido de Orbán) y Ley y Justicia para amarrar a sus bases y a los sectores más ultras de las sociedades polaca y húngara. Bonny señala que “el rol de los lobbies ultraconservadores es muy potente”, y Nakielska añade que “es obvio que Orbán está intentando emplear esa misma retórica”. “Pero es muy peligrosa”, dice Nakielska, que desgrana el precio que está asumiendo el colectivo en Polonia: “Tenemos que escuchar cómo las altas autoridades nos dicen que nuestra ideología es peor que el comunismo o que quienes fueron al Orgullo no son normales. Todo empieza con palabras. Y las palabras no son inocentes porque dan vía libre a las agresiones. La gente tiene miedo de cogerse de la mano incluso en Varsovia si hay ataques homófobos”.
Letonia se disputa cada año con Polonia estar a la cola de la clasificación sobre derechos y libertades LGTBI+ que elabora la organización ILGA-Europe. Las ONG del país pudieron saborear recientemente dos victorias legales sobre parejas del mismo sexo, pero los vientos de popa duraron poco tiempo. “El activismo anti-LGTBI se reforzó”, resume el activista Kaspars Zalitis, de Mozaika. El partido populista conservador Alianza Nacional, que está en el gobierno, impulsó enmiendas a la Constitución para que esta consagre que un matrimonio solo puede ser la unión de un hombre y una mujer.
En su documental Artículo 18, Staszewski sigue a una pareja del mismo sexo que va a Londres para poder criar a su hijo en libertad. Muchos compatriotas suyos, dice, se están viendo obligados a dejar el país, como hizo Ivett Ördög, que afirma que se siente “mucho más segura en Alemania”: “me siento mucho más aceptada. Y siento que pertenezco a este lugar, lo cual es bastante extraño, dado que ser húngara era parte de mi identidad. Voté a Fidesz cuando era más joven. Sí, no veía quiénes son”.
Europa Occidental, sin embargo, no se zafa del lastre de la homofobia. Italia, según ILGA-Europe, sigue siendo el quinto país de la UE más atrasado en los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+. La Iglesia Católica ha usado por primera vez la vía diplomática para intervenir en un proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que está examinando el Senado. Pero también Bélgica, que en las últimas décadas ha marcado el camino al resto de Europa, ve cómo dirigentes del partido ultraderechista Vlaams Belang —al que las encuestas sitúan incluso como primer partido del país— han respaldado la nueva ley de Orbán.
Los derechos del colectivo forman parte de una agenda iliberal mucho más amplia, con inmigrantes y mujeres, resume Rémy Bonny. Las ONG miran hacia Bruselas y a los socios de la UE, en especial a los 17 firmantes de la carta. Les piden más contundencia. Más presión. El polaco Staszewski es rotundo. “No podemos confiar en nuestro gobierno. Pero no nos basta con declaraciones. La UE tiene que usar todas las herramientas a su alcance para defender sus valores”, reclama. Todos hablan de una situación límite, asfixiante. El hostigamiento, sin embargo, también ha vertebrado y fortalecido al movimiento LGTBI+. Navielska remacha: “La estrategia del miedo, la intimidación y las mentiras constantes no han funcionado tan bien como pensaban. La solidaridad que se ha creado no nos los podrán robar”.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2021-06-28/los-derechos-del-colectivo-lgtbi-bajo-amenaza-en-media-europa.html#?rel=mas
Activistas denuncian el hostigamiento a la comunidad por parte de altos dirigentes políticos y medios de comunicación en los países del Este, en especial en Polonia y Hungría
Ivett Ördög se despertó con un angustioso grito la mañana del 16 de junio. “Ni siquiera tuve una pesadilla”, cuenta. Una votación del día anterior en su país le había devuelto los traumas que creía haber superado. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había logrado que el Parlamento prohibiera por ley la difusión de cualquier contenido LGTBI+ (relativo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras minorías) allí donde pueda haber menores. Las ONG europeas denuncian un retroceso de las libertades LGTBI+ en la mitad oriental de Europa. ILGA-Europe, la organización en la que se integran decenas de ellas, ha urgido a las instituciones y los países de la UE a adoptar medidas para frenar “los crecientes ataques a los derechos” de esa comunidad. Su último análisis de la situación del colectivo país por país dibuja dos Europas. En una de ellas ―en la que están Malta, Bélgica o España— las instituciones siguen protegiendo la igualdad de sus ciudadanos. En la otra, la organización afirma que el camino hacia la igualdad ya no solo es más lento, sino que incluso se va deshaciendo: hay retrocesos en el reconocimiento legal de las personas trans, ataques a la sociedad civil y a la libertad de reunión y un discurso del odio más potente por parte de políticos y medios de comunicación que puede llevar a agresiones. En ese grupo están Polonia y Hungría, pero también Letonia, Bulgaria, Rumania o Eslovaquia.
Ördög ya no está en Budapest. Harta de tener que ser otra persona, hizo las maletas y se fue a Berlín el día que Orbán decidió poner fin al reconocimiento legal de las personas trans. En Alemania se siente segura. Pero esa mañana le vino a la cabeza ese clima asfixiante que dejó atrás. “Han igualado la pedofilia con ser homosexual o transgénero. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Tener que llevar algún tipo de identificación?”.
En Berlín, cuenta Ördög, ha encontrado una comunidad LGTBI+ húngara que tomó la misma decisión que ella. “Se trasladaron aquí a lo largo de las diversas etapas de la pesadilla”, explica. Orbán lleva tres años promulgando leyes e imponiendo multas para borrar al colectivo de la esfera pública. El último golpe a esos ciudadanos ha soliviantado a la mayoría de sus socios europeos. Hasta 17 jefes de Estado y de Gobierno se enfrentaron al líder húngaro para que retire esas leyes homófobas. Otros nueve, sin embargo, decidieron no estampar su firma en una carta promovida por España y Luxemburgo para reivindicar los derechos LGTBI+. Polonia, que también está desplegando su contrarreforma conservadora, cerró filas con Orbán. Pero también hay otros países de Europa del Este en los que los activistas a favor de los derechos civiles vienen expresando el temor a que sigan los pasos de Budapest y Varsovia.
La ley de Orbán ha disparado las alarmas dentro del club comunitario por sus semejanzas con la norma aprobada en Moscú en 2013 que prohibía lo que el Kremlin consideraba “propaganda gay” en los ámbitos en los que hubiera menores. Human Rights Watch ha dado ya cuenta de los efectos perniciosos que ha tenido esa norma sobre los menores LGTBI+, que desde entonces padecen más agresiones y carecen del apoyo inclusivo que requieren en entornos hostiles. El politólogo belga y director ejecutivo de la ONG Forbidden Colours, Rémy Bonny, expone que “las disposiciones de Hungría son una copia de las de Rusia. Y van más allá de los medios de comunicación y las escuelas, puesto que prohíben difundir contenido LGTBI+ en todos aquellos lugares donde pueda haber menores. Eso puede significar desde cines o teatros a la propia calle”, explica.
En ese diagnóstico coincide Bart Staszewski, un documentalista polaco de 30 años que afronta varias investigaciones policiales y judiciales por su activismo. “Orbán está haciendo un copiar y pegar de las leyes de Rusia y sigue los pasos que ha ido dando Polonia contra el colectivo”, sostiene. El último proyecto de Staszewski extendió a todo el continente el debate sobre el centenar de ayuntamientos que se declaraban “libres de ideología LGTBI”. El activista respondió con una acción que consistía en colocar carteles en la entrada del municipio con los mismos términos que empleaban los medios oficiales: Zona libre de LGTB. Esos letreros recorrieron todas las capitales. Desde entonces, en su correo electrónico acumula amenazas de todo tipo, también de muerte. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegó a acusarlo de difundir bulos. “Hay una campaña del odio contra mí. Pero voy a seguir, porque no estamos reclamando ningún privilegio. Estamos pidiendo igualdad, lo mismo que tiene el resto de los ciudadanos”, anuncia.
Justyna Nakielska, activista polaca de la Campaña contra la Homofobia, cree que Orbán sigue el camino que recorrió el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia antes de las elecciones polacas, cuando “usó al colectivo LGTBI+ en sus campañas”. “Hizo de nosotros un enemigo del Estado para ganar más votos”, explica. Los analistas políticos ven en esas leyes la vía que han elegido Fidesz (el partido de Orbán) y Ley y Justicia para amarrar a sus bases y a los sectores más ultras de las sociedades polaca y húngara. Bonny señala que “el rol de los lobbies ultraconservadores es muy potente”, y Nakielska añade que “es obvio que Orbán está intentando emplear esa misma retórica”. “Pero es muy peligrosa”, dice Nakielska, que desgrana el precio que está asumiendo el colectivo en Polonia: “Tenemos que escuchar cómo las altas autoridades nos dicen que nuestra ideología es peor que el comunismo o que quienes fueron al Orgullo no son normales. Todo empieza con palabras. Y las palabras no son inocentes porque dan vía libre a las agresiones. La gente tiene miedo de cogerse de la mano incluso en Varsovia si hay ataques homófobos”.
Letonia se disputa cada año con Polonia estar a la cola de la clasificación sobre derechos y libertades LGTBI+ que elabora la organización ILGA-Europe. Las ONG del país pudieron saborear recientemente dos victorias legales sobre parejas del mismo sexo, pero los vientos de popa duraron poco tiempo. “El activismo anti-LGTBI se reforzó”, resume el activista Kaspars Zalitis, de Mozaika. El partido populista conservador Alianza Nacional, que está en el gobierno, impulsó enmiendas a la Constitución para que esta consagre que un matrimonio solo puede ser la unión de un hombre y una mujer.
En su documental Artículo 18, Staszewski sigue a una pareja del mismo sexo que va a Londres para poder criar a su hijo en libertad. Muchos compatriotas suyos, dice, se están viendo obligados a dejar el país, como hizo Ivett Ördög, que afirma que se siente “mucho más segura en Alemania”: “me siento mucho más aceptada. Y siento que pertenezco a este lugar, lo cual es bastante extraño, dado que ser húngara era parte de mi identidad. Voté a Fidesz cuando era más joven. Sí, no veía quiénes son”.
Europa Occidental, sin embargo, no se zafa del lastre de la homofobia. Italia, según ILGA-Europe, sigue siendo el quinto país de la UE más atrasado en los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+. La Iglesia Católica ha usado por primera vez la vía diplomática para intervenir en un proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que está examinando el Senado. Pero también Bélgica, que en las últimas décadas ha marcado el camino al resto de Europa, ve cómo dirigentes del partido ultraderechista Vlaams Belang —al que las encuestas sitúan incluso como primer partido del país— han respaldado la nueva ley de Orbán.
Los derechos del colectivo forman parte de una agenda iliberal mucho más amplia, con inmigrantes y mujeres, resume Rémy Bonny. Las ONG miran hacia Bruselas y a los socios de la UE, en especial a los 17 firmantes de la carta. Les piden más contundencia. Más presión. El polaco Staszewski es rotundo. “No podemos confiar en nuestro gobierno. Pero no nos basta con declaraciones. La UE tiene que usar todas las herramientas a su alcance para defender sus valores”, reclama. Todos hablan de una situación límite, asfixiante. El hostigamiento, sin embargo, también ha vertebrado y fortalecido al movimiento LGTBI+. Navielska remacha: “La estrategia del miedo, la intimidación y las mentiras constantes no han funcionado tan bien como pensaban. La solidaridad que se ha creado no nos los podrán robar”.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2021-06-28/los-derechos-del-colectivo-lgtbi-bajo-amenaza-en-media-europa.html#?rel=mas
