Tweet
Seguro que todos recordáis el terrible caso de Juan Andrés Benítez, el empresario de Gayxample que murió por las heridas que la paliza que le dieron los Mossos d’Esquadra. En aquel momento, la brutalidad de la actuación policial fue grabada por algunos vecinos, documento que fue clave para que la Fiscalía haya pedido hasta 11 años de prisión para cada uno de los mossos agresores.
Crímenes como este podrían quedar impunes de base en España. El motivo es la aprobación, con los votos a favor sólo del PP y con toda la oposición en contra, de la Ley de Seguridad Ciudadana, o más conocida como Ley Mordaza. Será efectiva, previsiblemente, desde principios de 2015, que es cuando se espera que la ley se apruebe tras su paso hoy por el Congreso, y más adelante en el Senado.
La ley impide tomar imágenes, fotográficas o en vídeo, de agentes policiales, incluso aunque lo hagamos para denunciar un abuso o una vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, que desde enero, si un grupo de mossos da una paliza a otro empresario gay, o en definitiva a cualquier ciudadano, gay o no, nadie podrá aportar como prueba un documento audiovisual, pues no sólo no será aceptada sino que encima estará incurriendo en un delito por grabar a esos agentes.
En concreto, la ley lo dicta así: El uso de imágenes o datos personales o profesionales de los agentes policiales que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Es sólo un ejemplo de una norma que contempla 45 infracciones, que van entre leves (con multas de hasta 600 euros), graves (multas de hasta 30.000 euros) y muy graves (multas de hasta 600.000 euros), y a cada cual, más alarmantes.
Hemos hablado del caso de Juan Andrés Benítez, por cuanto fue un crimen que nos sacudió a todos al ser un empresario gay, pero en realidad estamos hablando de vulneraciones de los derechos de cualquier ciudadano, con independencia de su orientación sexual.
Así, a partir de ahora, podrás ser multado por no finalizar una manifestación si lo exige la policía (podrán hacerlo sin aviso, cuando ellos consideren que existe “alteración” de la seguridad), por hacer una asamblea en un espacio público, por intentar impedir un desahucio o por negarte a identificarte ante un agente.
Vía | LaRepública
Crímenes como este podrían quedar impunes de base en España. El motivo es la aprobación, con los votos a favor sólo del PP y con toda la oposición en contra, de la Ley de Seguridad Ciudadana, o más conocida como Ley Mordaza. Será efectiva, previsiblemente, desde principios de 2015, que es cuando se espera que la ley se apruebe tras su paso hoy por el Congreso, y más adelante en el Senado.
La ley impide tomar imágenes, fotográficas o en vídeo, de agentes policiales, incluso aunque lo hagamos para denunciar un abuso o una vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, que desde enero, si un grupo de mossos da una paliza a otro empresario gay, o en definitiva a cualquier ciudadano, gay o no, nadie podrá aportar como prueba un documento audiovisual, pues no sólo no será aceptada sino que encima estará incurriendo en un delito por grabar a esos agentes.
En concreto, la ley lo dicta así: El uso de imágenes o datos personales o profesionales de los agentes policiales que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Es sólo un ejemplo de una norma que contempla 45 infracciones, que van entre leves (con multas de hasta 600 euros), graves (multas de hasta 30.000 euros) y muy graves (multas de hasta 600.000 euros), y a cada cual, más alarmantes.
Hemos hablado del caso de Juan Andrés Benítez, por cuanto fue un crimen que nos sacudió a todos al ser un empresario gay, pero en realidad estamos hablando de vulneraciones de los derechos de cualquier ciudadano, con independencia de su orientación sexual.
Así, a partir de ahora, podrás ser multado por no finalizar una manifestación si lo exige la policía (podrán hacerlo sin aviso, cuando ellos consideren que existe “alteración” de la seguridad), por hacer una asamblea en un espacio público, por intentar impedir un desahucio o por negarte a identificarte ante un agente.
Vía | LaRepública
