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Un juez imputa al director general y a la directora de admisión del colegio privado Yago School por rechazar la posibilidad de que el hijo de un matrimonio homosexual estudiase en el centro.
«Los actos homófobos tienen que tener sus consecuencias en el siglo XXI», así de claro fue ayer Iván Vallejo, uno de los progenitores de Rodrigo, el pequeño que ahora tiene 4 años y al que el colegio privado Yago School, de Castilleja de la Cuesta, no admitió en el centro supuestamente porque sus padres son un matrimonio homosexual.
De hecho, ya se ha dado un paso al frente, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, cuyo titular es Carlos Mahón, haya decidido imputar al director general del centro, R.J.R.R.; y a la directora de admisión, M.R.R, por rechazar «la posibilidad de que Rodrigo cursara sus estudios en Yago School debido a que pertenece a una familia homoparental», lo que evidencia, según el juez, «la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución» de los imputados.
Los hechos datan de febrero de 2012 cuando Iván Vallejo y su marido Ricardo Lucas intentaron matricular a su pequeño en el colegio Yago School: «Es un colegio bilingüe, en el que los niños estudian inglés y chino, y nos gustaba el ideario» que se recoge en su página web, donde se dice explícitamente que el centro promueve los valores que fomentan el respeto a los derechos humanos y el diálogo, además de incluir en sus derechos que todas las personas tienen que tener igualdad de oportunidades y a no ser discriminadas por razones de raza, religión, sexo, características físicas o extracción social, explicó ayer Iván, quien acto seguido apostilló que, por supuesto, todo es «mentira».
«Nosotros queremos la mejor educación para nuestro hijo y por ello no dudamos en intentar matricular al niño en ese colegio, a pesar de que es caro y de que supone un sacrificio, pero que nos lo podemos permitir», manifestó Iván. No obstante, los problemas para que Rodrigo pudiese entrar en el Yago School comenzaron
prácticamente desde que el principio. Este padre relató que su marido se puso en contacto con el colegio por correo electrónico explicando las características de la familia «y se le contestó que no había plazas». Ellos no se quedaron satisfechos con la respuesta y por ello Iván telefoneó al centro con el mismo argumento de que quería matricular a su hijo en el colegio, pero sin explicar que era una familia homoparental: «Me dieron cita y me reuní con la directora de admisión, quien me dijo que había plazas y que otros niños de la guardería de mi hijo también iban a estudiar en el centro».
Iván señaló que ya al final del encuentro le comunicó a la directora de admisión que no entendía nada porque a su marido, vía correo electrónico, le habían informado de que no había plazas, «pero ella me respondió que no había problema, sin embargo, dos días después me llamó para informarme de que las plazas que quedaban libres se iban a adjudicar a compromisos, a lo que añadió que donde manda patrón no manda marinero».
Ante estos hechos, Iván y Ricardo decidieron acudir al Defensor del Pueblo y al juzgado, que en base a sus declaraciones, la documentación aportada por una entidad financiera y por el expediente administrativo incoado por la Consejería de Educación, el juez deduce que los dos imputados rechazaron la solicitud de matricular a Rodrigo porque pertenece a una familia homoparental.
Iván aseguró ayer que no se han topado con problemas por su condición sexual, «pero en esta ocasión, por buscar lo mejor para nuestro hijo, nos hemos encontrado con palos en el camino».
De todos modos, aclaró que tras lo vivido por su familia en el Yago School se han encontrado con mucho apoyos y el colofón ha sido la imputación del director general y de la directora de admisión del colegio. «Este tipo de hechos se tienen que denunciar, porque estamos en el siglo XXI y estas actitudes homófobas tienen consecuencias y están penadas», reiteró.
Tras la mala experiencia que vivieron por la actuación del colegio de Castilleja de la Cuesta, esta pareja decidió finalmente matricular a Rodrigo en un colegio público de Las Pajanosas, donde residen. «No tuvimos ningún problema y estamos encantados con el equipo docente del centro», recalcó Iván, quien aclaró que después del mal trago que pasaron no se han vuelto a interesar por el Yago School ni por cómo les va en este colegio a los antiguos compañeros de guardería de su hijo.
Ahora el matrimonio, que tiene otras dos hijas de cuatro meses, espera que no sufran el problema de su hermano Rodrigo.
Por su parte, la abogada de este matrimonio, Yolanda Hervás, también se mostró muy contenta por la decisión de juez, «porque lo que nosotros veíamos claramente también lo ha visto un juzgado de instrucción que ha estimado que hay indicios de delito». Insistió, además, en que espera que «se erradiquen los comportamientos homófobos y que se sepa que tienen consecuencias».
Aunque la resolución ha sido notificada a los imputados, al Ministerio Fiscal y a la acusación para que en el plazo de 10 días pidan la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, este periódico se puso en contacto con el colegio Yago School, donde declinaron dar su versión de los hechos.
Fuente: Stop a la homofobia
«Los actos homófobos tienen que tener sus consecuencias en el siglo XXI», así de claro fue ayer Iván Vallejo, uno de los progenitores de Rodrigo, el pequeño que ahora tiene 4 años y al que el colegio privado Yago School, de Castilleja de la Cuesta, no admitió en el centro supuestamente porque sus padres son un matrimonio homosexual.
De hecho, ya se ha dado un paso al frente, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, cuyo titular es Carlos Mahón, haya decidido imputar al director general del centro, R.J.R.R.; y a la directora de admisión, M.R.R, por rechazar «la posibilidad de que Rodrigo cursara sus estudios en Yago School debido a que pertenece a una familia homoparental», lo que evidencia, según el juez, «la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución» de los imputados.
Los hechos datan de febrero de 2012 cuando Iván Vallejo y su marido Ricardo Lucas intentaron matricular a su pequeño en el colegio Yago School: «Es un colegio bilingüe, en el que los niños estudian inglés y chino, y nos gustaba el ideario» que se recoge en su página web, donde se dice explícitamente que el centro promueve los valores que fomentan el respeto a los derechos humanos y el diálogo, además de incluir en sus derechos que todas las personas tienen que tener igualdad de oportunidades y a no ser discriminadas por razones de raza, religión, sexo, características físicas o extracción social, explicó ayer Iván, quien acto seguido apostilló que, por supuesto, todo es «mentira».
«Nosotros queremos la mejor educación para nuestro hijo y por ello no dudamos en intentar matricular al niño en ese colegio, a pesar de que es caro y de que supone un sacrificio, pero que nos lo podemos permitir», manifestó Iván. No obstante, los problemas para que Rodrigo pudiese entrar en el Yago School comenzaron
prácticamente desde que el principio. Este padre relató que su marido se puso en contacto con el colegio por correo electrónico explicando las características de la familia «y se le contestó que no había plazas». Ellos no se quedaron satisfechos con la respuesta y por ello Iván telefoneó al centro con el mismo argumento de que quería matricular a su hijo en el colegio, pero sin explicar que era una familia homoparental: «Me dieron cita y me reuní con la directora de admisión, quien me dijo que había plazas y que otros niños de la guardería de mi hijo también iban a estudiar en el centro».
Iván señaló que ya al final del encuentro le comunicó a la directora de admisión que no entendía nada porque a su marido, vía correo electrónico, le habían informado de que no había plazas, «pero ella me respondió que no había problema, sin embargo, dos días después me llamó para informarme de que las plazas que quedaban libres se iban a adjudicar a compromisos, a lo que añadió que donde manda patrón no manda marinero».
Ante estos hechos, Iván y Ricardo decidieron acudir al Defensor del Pueblo y al juzgado, que en base a sus declaraciones, la documentación aportada por una entidad financiera y por el expediente administrativo incoado por la Consejería de Educación, el juez deduce que los dos imputados rechazaron la solicitud de matricular a Rodrigo porque pertenece a una familia homoparental.
Iván aseguró ayer que no se han topado con problemas por su condición sexual, «pero en esta ocasión, por buscar lo mejor para nuestro hijo, nos hemos encontrado con palos en el camino».
De todos modos, aclaró que tras lo vivido por su familia en el Yago School se han encontrado con mucho apoyos y el colofón ha sido la imputación del director general y de la directora de admisión del colegio. «Este tipo de hechos se tienen que denunciar, porque estamos en el siglo XXI y estas actitudes homófobas tienen consecuencias y están penadas», reiteró.
Tras la mala experiencia que vivieron por la actuación del colegio de Castilleja de la Cuesta, esta pareja decidió finalmente matricular a Rodrigo en un colegio público de Las Pajanosas, donde residen. «No tuvimos ningún problema y estamos encantados con el equipo docente del centro», recalcó Iván, quien aclaró que después del mal trago que pasaron no se han vuelto a interesar por el Yago School ni por cómo les va en este colegio a los antiguos compañeros de guardería de su hijo.
Ahora el matrimonio, que tiene otras dos hijas de cuatro meses, espera que no sufran el problema de su hermano Rodrigo.
Por su parte, la abogada de este matrimonio, Yolanda Hervás, también se mostró muy contenta por la decisión de juez, «porque lo que nosotros veíamos claramente también lo ha visto un juzgado de instrucción que ha estimado que hay indicios de delito». Insistió, además, en que espera que «se erradiquen los comportamientos homófobos y que se sepa que tienen consecuencias».
Aunque la resolución ha sido notificada a los imputados, al Ministerio Fiscal y a la acusación para que en el plazo de 10 días pidan la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, este periódico se puso en contacto con el colegio Yago School, donde declinaron dar su versión de los hechos.
Fuente: Stop a la homofobia
