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El presidente del Constitucional rechaza la renuncia de tres magistrados
Forman parte del turno que elige el Congreso, con el mandato caducado desde noviembre
Es la primera vez en la historia del tribunal que se produce el abandono de parte
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha rechazado las renuncias de los magistrados Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, que habían dejado sus puestos en el alto tribunal para forzar su renovación, pendiente desde noviembre. Se trata de la primera vez en la historia del Constitucional que se produce el abandono de alguno de sus miembros.
El vicepresidente dice en su carta de renuncia a Sala que la no renovación le ha hecho tener "la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado". Los dos primeros jueces son del bloque progresista y el otro era el líder de los conservadores. Los tres forman parte del turno del Congreso, que lleva sin renovar desde el pasado noviembre, por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. En total, son cuatro las plazas que habría que haber sustituido: además de estos tres magistrados, la cuarta correspondería a Roberto García Calvo, que falleció en 2008.
Delgado, que ha tenido graves problemas de salud, había dicho reiteradamente que quería marcharse. Pero ahora se trata de una renuncia en bloque para forzar la renovación del Constitucional por parte del Congreso de los Diputados. Así lo anunciaron los tres magistrados en el pleno del pasado 7 de junio, donde adujeron que el motivo era haber expirado con creces su mandato.
Según el decreto de Pascual Sala, el presidente del Constitucional es el único con la potestad para aceptar la renuncia de los magistrados que lo integran y de decretar "el cese o la vacante en el cargo". De hecho, los magistrados no pueden abandonar su cargo si el presidente no acepta su renuncia, ya que incurrirían en la comisión de un delito. Sala argumenta que el "funcionamiento del Tribunal en Pleno exige la presencia de dos tercios de sus magistrados" y que dado el volumen de procesos constitucionales pendientes y de la "insustituible función institucional" de los miembros del alto tribunal no acepta las renuncias de Gay, Pérez Vera y Delgado "a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano".
Sala se compromete a instar al Congreso de los Diputados a cumplir "los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos". Sin embargo, es muy poco probable que los partidos lleguen a un acuerdo para renovar las cuatro plazas que se deberían haber sustituido a nueve meses del fin de la legislatura, sobre todo porque el PP se vería favorecido, si gana las elecciones generales, en la elección de los jueces que corresponde a la Cámara baja.
El reparto ideológico
El reparto ideológico no habría variado con la renuncia de los magistrados, pues pasaría de ser siete progresistas frente a cuatro conservadores a quedarse en cinco contra tres magistrados. En estos cinco está incluido Manuel Aragón, un progresista que en ocasiones, como en la sentencia de Bildu, se ha alineado con las tesis del sector conservador.
Sala ya forzó al final de su mandato en el Consejo General del Poder Judicial, el 28 de enero de 1996, la finalización del órgano al aceptar la renuncia que le presentaron seis vocales, que también tenían el mandato caducado desde hacía meses, en un mismo acto.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha relacionado estas renuncias con la "deriva del Gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha pedido "responsabilidad" al PP para alcanzar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. Y ha reclamado que "de una vez por todas" sea capaz de entender que "tiene que cooperar y colaborar" para que se produzca la renovación, informa Efe.
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares ha urgido una vez más a PSOE y PP a desbloquear la negociación para la renovación del Tribunal Constitucional porque, según ha subrayado, tras la dimisión de su vicepresidente y de otros dos magistrados, el alto tribunal está aún más "tocado" de lo que ya estaba. "PSOE y PP tienen que hacer algo, porque esto no puede seguir así", ha reclamado Llamazares.
El Constitucional vivió su última polémica a cuenta de la decisión de que Bildu pudiera presentarse a las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. El vicepresidente, Eugeni Gay, y la magistrada Elisa Pérez votaron a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones, junto al presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa, todos ellos del sector progresista. Javier Delgado presentó su voto particular discrepante junto a los de los también conservadores Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, a los que se unió el progresista Manuel Aragón.
Los magistrados del Tribunal, elegidos por mandato constitucional entre juristas de reconocida competencia, son independientes e inamovibles. La duración de su cargo es de nueve años -sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años-, sin que la ley haya previsto límite de edad para su desempeño. Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del tribunal, este se renueva por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE).
Las dos salas del tribunal están formadas por seis magistrados. La primera es presidida por el presidente del tribunal, en tanto que el vicepresidente preside la sala segunda. Cada una de las salas se divide, además, en dos secciones formadas por tres magistrados. Las secciones desempeñan su cometido básicamente en las primeras fases de los procedimientos sustanciados ante el tribunal, decidiendo sobre la admisibilidad de los recursos. Los acuerdos del pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los dos tercios de los magistrados que los forman.
Forman parte del turno que elige el Congreso, con el mandato caducado desde noviembre
Es la primera vez en la historia del tribunal que se produce el abandono de parte
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha rechazado las renuncias de los magistrados Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, que habían dejado sus puestos en el alto tribunal para forzar su renovación, pendiente desde noviembre. Se trata de la primera vez en la historia del Constitucional que se produce el abandono de alguno de sus miembros.
El vicepresidente dice en su carta de renuncia a Sala que la no renovación le ha hecho tener "la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado". Los dos primeros jueces son del bloque progresista y el otro era el líder de los conservadores. Los tres forman parte del turno del Congreso, que lleva sin renovar desde el pasado noviembre, por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. En total, son cuatro las plazas que habría que haber sustituido: además de estos tres magistrados, la cuarta correspondería a Roberto García Calvo, que falleció en 2008.
Delgado, que ha tenido graves problemas de salud, había dicho reiteradamente que quería marcharse. Pero ahora se trata de una renuncia en bloque para forzar la renovación del Constitucional por parte del Congreso de los Diputados. Así lo anunciaron los tres magistrados en el pleno del pasado 7 de junio, donde adujeron que el motivo era haber expirado con creces su mandato.
Según el decreto de Pascual Sala, el presidente del Constitucional es el único con la potestad para aceptar la renuncia de los magistrados que lo integran y de decretar "el cese o la vacante en el cargo". De hecho, los magistrados no pueden abandonar su cargo si el presidente no acepta su renuncia, ya que incurrirían en la comisión de un delito. Sala argumenta que el "funcionamiento del Tribunal en Pleno exige la presencia de dos tercios de sus magistrados" y que dado el volumen de procesos constitucionales pendientes y de la "insustituible función institucional" de los miembros del alto tribunal no acepta las renuncias de Gay, Pérez Vera y Delgado "a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano".
Sala se compromete a instar al Congreso de los Diputados a cumplir "los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos". Sin embargo, es muy poco probable que los partidos lleguen a un acuerdo para renovar las cuatro plazas que se deberían haber sustituido a nueve meses del fin de la legislatura, sobre todo porque el PP se vería favorecido, si gana las elecciones generales, en la elección de los jueces que corresponde a la Cámara baja.
El reparto ideológico
El reparto ideológico no habría variado con la renuncia de los magistrados, pues pasaría de ser siete progresistas frente a cuatro conservadores a quedarse en cinco contra tres magistrados. En estos cinco está incluido Manuel Aragón, un progresista que en ocasiones, como en la sentencia de Bildu, se ha alineado con las tesis del sector conservador.
Sala ya forzó al final de su mandato en el Consejo General del Poder Judicial, el 28 de enero de 1996, la finalización del órgano al aceptar la renuncia que le presentaron seis vocales, que también tenían el mandato caducado desde hacía meses, en un mismo acto.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha relacionado estas renuncias con la "deriva del Gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha pedido "responsabilidad" al PP para alcanzar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. Y ha reclamado que "de una vez por todas" sea capaz de entender que "tiene que cooperar y colaborar" para que se produzca la renovación, informa Efe.
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares ha urgido una vez más a PSOE y PP a desbloquear la negociación para la renovación del Tribunal Constitucional porque, según ha subrayado, tras la dimisión de su vicepresidente y de otros dos magistrados, el alto tribunal está aún más "tocado" de lo que ya estaba. "PSOE y PP tienen que hacer algo, porque esto no puede seguir así", ha reclamado Llamazares.
El Constitucional vivió su última polémica a cuenta de la decisión de que Bildu pudiera presentarse a las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. El vicepresidente, Eugeni Gay, y la magistrada Elisa Pérez votaron a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones, junto al presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa, todos ellos del sector progresista. Javier Delgado presentó su voto particular discrepante junto a los de los también conservadores Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, a los que se unió el progresista Manuel Aragón.
Los magistrados del Tribunal, elegidos por mandato constitucional entre juristas de reconocida competencia, son independientes e inamovibles. La duración de su cargo es de nueve años -sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años-, sin que la ley haya previsto límite de edad para su desempeño. Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del tribunal, este se renueva por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE).
Las dos salas del tribunal están formadas por seis magistrados. La primera es presidida por el presidente del tribunal, en tanto que el vicepresidente preside la sala segunda. Cada una de las salas se divide, además, en dos secciones formadas por tres magistrados. Las secciones desempeñan su cometido básicamente en las primeras fases de los procedimientos sustanciados ante el tribunal, decidiendo sobre la admisibilidad de los recursos. Los acuerdos del pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los dos tercios de los magistrados que los forman.
