Por Alexander Rocha
Uganda. Un proyecto de ley que condenaría a muerte a los homosexuales, según los datos que se han conocido, ha sido anulado. La presión internacional, que pide el cese de la discriminación y ha amenazado con reducir las ayudas económicas si no se cumplen los derechos humanos, han sido los grandes detonantes de tal decisión.
En África las minorías sexuales sufren auténticas barbaridades por parte de las autoridades y de la sociedad únicamente por contar con una orientación sexual o identidad de género diferente a la mayoritaria.
Uganda es uno de los países del continente africano que más persiguen y criminalizan a la comunidad LGTB.
Semanas atrás, Uganda dio a conocer sus intenciones de aprobar un proyecto de ley que añadiría más penas a las ya existentes para los colectivos LGTB, llegando, si hubiese sido aprobado, a castigar a dichas minorías con la pena de muerte.
La presión internacional se ha encrudecido contra el país por dichas intenciones. Estados Unidos está avanzando en una medida que limitaría las ayudas que ofrece a los países subdesarrollados en función del cumplimiento de los derechos humanos que se hace en el país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también se ha pronunciado con el apoyo de 85 países a las exigencias del cese a la discriminación contra las minorías sexuales, al igual que la Unión Europea que a través de su parlamento también ha aportado su voz contra la discriminación.
Ahora, según los detalles a los que ha podido tener acceso los medios de comunicación, los políticos ugandeses han decidido eliminar dicho debate en torno a la ley que condenaría a muerte a las personas homosexuales.
El Ministerio de Información del país, a pesar de que la comunidad internacional ha sido quien con su presión está consiguiendo cambiar la actitud homófoba de Uganda, expresó a una televisión del país que el proyecto no avanzará porque las actuales leyes que persiguen a los homosexuales ya cubren gran parte de las medidas que querían aprobar, y que otras que aún no se aplican, se intentarán establecer a través de una futura ley de delitos sexuales.