Enviado Flick el 16 marzo 2011
rsas ocasiones nos hemos referido en dosmanzanas a las ”violaciones correctivas” de mujeres lesbianas, crímenes atroces cuya frecuencia se ha incrementado, especialmente en Sudáfrica, en paralelo a la mayor visibilidad lésbica alcanzada en ese país en años recientes. Por eso activistas sudafricanas han promovido una campaña de sensibilización ante esta barbarie y han pedido a las autoridades que tomen cartas en el asunto.
El colectivo lésbico Luleki Sizwe ha movilizado, a través de la plataforma change.org, a más de 170.000 peticionarios de todo el mundo para demandar a las autoridades sudafricanas que dejen de ignorar el problema. Con todo este apoyo detrás, activistas del grupo se han manifestado este lunes ante el Parlamento y han conseguido ser recibidas por representantes del Gobierno sudafricano, a los que han demandado que las “violaciones correctivas” sean consideradas crímenes de odio, y no delitos comunes. Han solicitado además que se desarrolle un plan nacional contra la violencia sexual. La buena noticia es que el Ministerio de Justicia ha coincidido en resaltar la gravedad del problema y se ha comprometido, ante un grupo de representantes del colectivo, a implementar medidas para combatir esta lacra.
Las “violaciones corrrectivas” persiguen un doble objetivo: “curar” a las mujeres lesbianas de las cuales se conoce su homosexualidad y, en último término, “castigarlas”. Según adelantábamos hace unos meses, solo en Ciudad del Cabo se producirían cada semana hasta diez de estas violaciones, que en ocasiones culminan con el asesinato de las víctimas. Lo peor es que muchas de estas agresiones quedan impunes, incluso aunque las mujeres conozcan a sus autores. Con frecuencia la Policía prefiere no investigarlas, y díficilmente llegan a los tribunales.
Y es que la homosexualidad femenina, invisible hasta hace no demasiado tiempo, es percibida como una amenaza a la cultura tradicional por una parte de la sociedad sudafricana, fuertemente machista y homófoba. Una realidad social que contrasta con el avanzado marco jurídico del país, nacido del fin del apartheid, y que garantiza constitucionalmente la no discriminación por razones de orientación sexual.