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Una española, amenazada de expulsión en Argentina al no ver reconocido su matrimonio con una ciudadana de ese país
Enviado Flick el 31 Marzo 2010
Una muestra más de la indefensión jurídica que gays y lesbianas padecen, en este caso en Argentina, debido a la persistencia de legislaciones discriminatorias. C. P., una ciudadana española legalmente casada en Canadá con Diana Cordero, está a punto de ser expulsada de Argentina, el país de su esposa y en el que ambas han elegido vivir, al no ver reconocido su matrimonio.
La pareja, casada en 2008, se mudó a Argentina en 2009, tras vivir una temporada en Venezuela. Una vez en Buenos Aires, C.P. solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones argentina el reconocimiento de su matrimonio para obtener la residencia. Este organismo le denegó la petición al no estar permitidos en Argentina los matrimonios entre personas del mismo sexo, y decretó su expulsión en los próximos 30 días hábiles. Se da la circunstancia de que el consulado de España en Buenos Aires, como corresponde, ha reconocido el matrimonio entre las dos mujeres y les ha otorgado el Libro de Familia español.
Tras la presentación de un recurso, C. P. ha obtenido un permiso de residencia provisional de dos meses. “Es probable que la Justicia reconozca el matrimonio de Diana con su pareja, pero se puede demorar más de lo que tarde Migraciones en expulsar a C. P.”, advierte en cualquier caso la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), María Rachid.
Gays y lesbianas de Argentina se encuentran en este momento en plena movilización para conseguir su igualdad jurídica. Una lucha que se aborda desde dos frentes: el judicial, gracias al cual ya hay dos parejas gays legalmente casadas (aunque sobre una de ellas pende una amenaza de nulidad), que pueden ser más a lo largo de las próximas semanas, y el político. Varios proyectos de matrimonio entre personas del mismo sexo se han presentado ya en el Congreso argentino, encontrándose a la espera de que las correspondientes comisiones se decidan por fin a pronunciarse y llevarlos a votación en pleno, donde a día de hoy no es descartable su aprobación.
Enviado Flick el 31 Marzo 2010
Una muestra más de la indefensión jurídica que gays y lesbianas padecen, en este caso en Argentina, debido a la persistencia de legislaciones discriminatorias. C. P., una ciudadana española legalmente casada en Canadá con Diana Cordero, está a punto de ser expulsada de Argentina, el país de su esposa y en el que ambas han elegido vivir, al no ver reconocido su matrimonio.
La pareja, casada en 2008, se mudó a Argentina en 2009, tras vivir una temporada en Venezuela. Una vez en Buenos Aires, C.P. solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones argentina el reconocimiento de su matrimonio para obtener la residencia. Este organismo le denegó la petición al no estar permitidos en Argentina los matrimonios entre personas del mismo sexo, y decretó su expulsión en los próximos 30 días hábiles. Se da la circunstancia de que el consulado de España en Buenos Aires, como corresponde, ha reconocido el matrimonio entre las dos mujeres y les ha otorgado el Libro de Familia español.
Tras la presentación de un recurso, C. P. ha obtenido un permiso de residencia provisional de dos meses. “Es probable que la Justicia reconozca el matrimonio de Diana con su pareja, pero se puede demorar más de lo que tarde Migraciones en expulsar a C. P.”, advierte en cualquier caso la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), María Rachid.
Gays y lesbianas de Argentina se encuentran en este momento en plena movilización para conseguir su igualdad jurídica. Una lucha que se aborda desde dos frentes: el judicial, gracias al cual ya hay dos parejas gays legalmente casadas (aunque sobre una de ellas pende una amenaza de nulidad), que pueden ser más a lo largo de las próximas semanas, y el político. Varios proyectos de matrimonio entre personas del mismo sexo se han presentado ya en el Congreso argentino, encontrándose a la espera de que las correspondientes comisiones se decidan por fin a pronunciarse y llevarlos a votación en pleno, donde a día de hoy no es descartable su aprobación.
