DECLARACIÓN PÚBLICA
18 de marzo de 2010
Índice AI: EUR 53/002/2010
En enero, el ayuntamiento de Vilna concedió a los organizadores del Orgullo Báltico autorización para la celebración de la marcha, pero los firmantes de la petición alegan que violaría la polémica Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública, que entró en vigor el 1 de marzo de este año.
La Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública clasifica toda información que “denigre los valores familiares”, o que promueva un concepto del matrimonio distinto a la unión de un hombre y una mujer, como perjudicial para los niños y las niñas, y, en consecuencia, la prohíbe en los lugares accesibles a ellos.
Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su temor de que se utilice esta ley para restringir la libertad de expresión de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y aboga por que se respeten sus derechos.
Los miembros del Parlamento que han firmado esta petición han mostrado claramente los motivos homófobos subyacentes a la adopción de la reciente ley y su intención de que se utilice para reprimir cualquier tipo de debate público sobre homosexualidad o expresión pública de la identidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se revise la Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública a fin de eliminar toda posibilidad de que se aplique de modo que estigmatice o discrimine a lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero o viole su derecho a la libertad de reunión y expresión.
Amnistía Internacional pide a las autoridades lituanas, y, en concreto, al ayuntamiento de la ciudad de Vilna, que garanticen la celebración de la marcha del Orgullo Báltico tal y como está prevista y autorizada en la actualidad, con todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir su alteración por parte de posibles contramanifestantes.