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Los opositores a Educación para la Ciudadanía llevan su cruzada a Estrasburgo
Enviado Flick el 22 Marzo 2010
Los opositores a Educación para la Ciudadanía no descansan. No les ha bastado que el Tribunal Supremo desestimara la posibilidad de que los padres “objeten” a la asignatura o que avalara la legalidad de sus contenidos. Siguen planteando recursos, especialmente en aquellos territorios en los que saben que cuentan con jueces afines a su causa. Ahora han querido ir más lejos y han presentado una demanda ante el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un total de 197 padres presentaron el pasado viernes en Estrasburgo una demanda colectiva contra el Estado español. Los querellantes proceden de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia, precisamente las regiones en las que el ultraconservador movimiento anti-Educación para la Ciudadanía ha obtenido un mayor respaldo.
La demanda pretende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de sus hijos en clase. Además solicita que el tribunal reconozca que en estos casos se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos, como la libertad ideológica y educativa o el derecho a la intimidad personal y familiar, tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La demanda lleva aparejada la petición de una compensación por los daños morales causados a sus hijos por cursar la asignatura y pide al Tribunal Europeo de Estrasburgo que requiera al Estado español para que respete “la neutralidad ideológica” en el sistema educativo.
Enviado Flick el 22 Marzo 2010
Los opositores a Educación para la Ciudadanía no descansan. No les ha bastado que el Tribunal Supremo desestimara la posibilidad de que los padres “objeten” a la asignatura o que avalara la legalidad de sus contenidos. Siguen planteando recursos, especialmente en aquellos territorios en los que saben que cuentan con jueces afines a su causa. Ahora han querido ir más lejos y han presentado una demanda ante el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un total de 197 padres presentaron el pasado viernes en Estrasburgo una demanda colectiva contra el Estado español. Los querellantes proceden de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia, precisamente las regiones en las que el ultraconservador movimiento anti-Educación para la Ciudadanía ha obtenido un mayor respaldo.
La demanda pretende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de sus hijos en clase. Además solicita que el tribunal reconozca que en estos casos se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos, como la libertad ideológica y educativa o el derecho a la intimidad personal y familiar, tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La demanda lleva aparejada la petición de una compensación por los daños morales causados a sus hijos por cursar la asignatura y pide al Tribunal Europeo de Estrasburgo que requiera al Estado español para que respete “la neutralidad ideológica” en el sistema educativo.
