El Parlamento Europeo dió la semana pasada su respaldo a una directiva propuesta por la Comisión Europea que extendería el principio de no discriminación por religión, creencia, edad, discapacidad u orientación sexual a otros ámbitos distintos a los del trabajo, como la educación, la sanidad, la protección social y la vivienda. El resultado de la votación fue de 363 votos a favor, 226 en contra (entre ellos, los del Partido Popular) y 64 abstenciones. Esto no quiere decir que la directiva esté ya aprobada, ya que ahora debe recibir el visto bueno por parte del Consejo, lo que no se prevé fácil dado que (según el comunicado del Parlamento del cual hemos recogido la noticia) se requiere unanimidad.
En caso de ser finalmente aprobada, los diferentes países dispondrían de tres años para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales. La norma no afectaría ni a la publicidad, ni a los medios de comunicación, ni a las transacciones entre particulares que no constituyan una actividad profesional o comercial. Como no podía ser menos, la religión consigue su parcela de “bula”, y es que según la propuesta los estados miembros podrán permitir algunas diferencias de trato en la admisión a centros educativos confesionales o basados en ciertas convicciones “para preservar el carácter y la ética específicos de tales centros y la pluralidad de los sistemas educativos” siempre que “sean necesarias y proporcionadas y no vulneren el derecho a la educación”.
La propuesta aprobada deja bien claro que no se modifica el reparto de competencias entre la Unión Europea y los estados miembros en la legislación matrimonial, familiar, sanitaria o educativa. Se señala también que los países podrán tomar medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades, como el desarrollo de acciones positivas o la introducción de cuotas. La propuesta también prevé medidas especíicas contra la discriminación por motivos de discapacidad y contra el acoso, que se considerará como una forma de discriminación.
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