El Correo
Hace tres años, un joven de Barbate (Cádiz) fue agredido en plena calle por dos albañiles, cuando logró escaparse y salir corriendo le persiguieron insultándole e incluso, al lograr refugiarse en su casa, sus perseguidores aún patearon la puerta y profirieron gritos contra él.
Tras la correspondiente denuncia y juicio, los agresores sólo tuvieron que pagar una multa de cien euros, un sentencia que la presidenta de Colegades, Cristina Zurita, no duda en calificar de “irrisoria”. Una valoración con la que coincide el presidente de Colegas Andalucía, Antonio Ferre, quien lamenta que este tipo de penas “anima a que la gente haga de su capa un sayo porque pegar a un homosexual puede costar apenas 70 euros”.
Ferre considera necesarias reformas legales como las realizadas para los casos de violencia de género que endurezcan las penas por este tipo de delitos, además de una ley de igualdad de trato que refuerce la no discriminación por la orientación sexual.
Para los responsables de Colegas, resulta “frustrante” que cuando una persona decide dar el paso de denunciar una agresión vea la escasa repercusión que el delito tiene en sus agresores. Y es que tras recibir una paliza por el mero hecho de ser homosexual, más allá del daño físico pesa a veces en la víctima la humillación y el sentimiento de exclusión, que se refuerza si el daño no obtiene un castigo ajustado.
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