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Argentina reconocerá a las parejas del mismo sexo el derecho a la pensión de viudedad
La ANSeS firma hoy una resolución de alcance nacional argentino que beneficiará a todos aquellos que puedan demostrar, por lo menos, cinco años de convivencia. Cuatro casos se encuentran en la Justicia a la espera de una resolución. En el 5° piso de Córdoba 720, sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), hoy se dará un paso a favor de la no discriminación. Su director ejecutivo, Amado Boudou, firma una resolución que reconoce el derecho a la pensión por viudez para las parejas homosexuales, una vieja reivindicación de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). La medida tiene alcance nacional y beneficiará a todos aquellos que puedan demostrar una convivencia de por lo menos cinco años. Según explicó Boudou, se trata de "pruebas documentales" como, por ejemplo, la presentación de cuentas bancarias, inmuebles en común o certificados que demuestren que el inmueble estaba a nombre de uno y los servicios los pagaba el otro. "Este proceso de probatoria ya existe -agregó- y hasta ahora sólo regía para parejas heterosexuales".
Esta resolución se selló el sábado en una reunión en Casa de Gobierno entre la presidenta Cristina Fernández, el jefe de gabinete, Sergio Massa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Boudou.
"A través de la ANSeS vamos a reconocer este derecho en sede administrativa sin necesidad de que se recurra a un juzgado", dijo Boudou. Según el funcionario, hoy hay cuatro casos en la Justicia sin fallo definitivo. Con la firma de la resolución y su publicación, el próximo miércoles, en el Boletín Oficial, la norma entrará en vigencia.
Como se cita en su texto, esta decisión es una nueva interpretación de las normas a la luz de la reforma constitucional, de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina y de la experiencia de otros países, sobre todo del hemisferio norte. Este contexto, dice la resolución, "exige replantear en el ámbito de la ANSeS el criterio adoptado hasta la fecha" e "interpretar las normas vigentes acorde con esa igualdad de trato para el otorgamiento de derechos fundamentales como son los derivados de la Seguridad Social".
"Parece mentira, luego de tanta lucha y decepciones"
¿Cuarenta y siete años de convivencia y sin derecho a nada? ¿Sólo por el hecho de ser gay? Alfredo Pascale tiene 81 años y aunque siempre vivió su homosexualidad en silencio nunca dudó de su reclamo. Y en 1997, un año después de la muerte de su pareja, se presentó con un abogado ante la ANSeS para defender su derecho a la pensión por viudez. Este año su pedido llegó a la Corte Suprema -está en estudio-, y es un caso emblemático de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
"Me parece mentira, luego de tanta lucha y tantas decepciones", dijo al enterarse del inminente anuncio. Sin embargo, aunque en estos años recibió dos "no" de la ANSeS y otros dos de la Justicia, confiaba en que la Corte fallaría a favor. También lo creía la CHA.
Alfredo conoció a José Castro en 1949 cuando cumplió el servicio militar. "Lo hice y salí con honores. Esto es importante, porque se cree que somos débiles, que no podemos". El tenía 22 y José 24.
Alfredo no dice ni gays ni homosexuales. Dice "gente como nosotros", "somos", "podemos". Cuenta cómo vivió su vida con José. A lo sumo con medias palabras y sobreentendidos. Una relación de 47 años, rodeados de sus familias, que aceptaban o miraban para otro lado. No lo sabe. "Muchas veces pensé en blanquearlo para aliviarnos. Pero seguí la corriente".
Desde chico trabajó en una "empresa de indumentaria". Cuando lo despidieron estudió peluquería y atendió en su casa de Liniers. José hacía "arquitectura de interiores en una firma muy importante. Lo que ganábamos lo gastábamos. Trabajábamos para ayudar a la familia y vivir bien. Salíamos de vacaciones, teníamos una casita en el Tigre, pero lo único que necesitábamos era el cariño de todos".
En 1980 Alfredo sufrió un infarto y se jubiló. En el 96 José murió de una hemorragia cerebral. Un año después, Alfredo entraba al ANSeS para reclamar su derecho a una pensión. Iba con un abogado y una parva de papeles. Entre ellos, el testamento recíproco que firmaron cuando se acercaban a los 50 años.
Cuando recibió el primer "no" el abogado le aconsejó iniciar un juicio, pero Alfredo no tenía plata para afrontarlo. En 2002 volvió a la ANSeS con una gestora. Después del segundo rechazo ella le aconsejó ir a la CHA. Ahí se conectó con Pedro Paradiso Sottile, coordinador del Area Jurídica. "Cuando lo conocí -dice Paradiso- me sorprendió su voluntad, su convencimiento de que peleaba por un derecho, sobre todo para alguien de su generación".
La CHA llevó la demanda a la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo -trabajan casos de interés público-, con la que tiene convenio. Su director, Gustavo Maurino, inició el juicio. El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5 falló en contra. También la Sala N° 3 de la Cámara Federal de Apelaciones. Mediante un recurso extraordinario este año llegaron a la Corte donde, según la CHA, otro caso esperaba justicia. "El núcleo de la cuestión -sostuvo Maurino en su apelación- es determinar si el sistema jurídico argentino permite que un ciudadano quede excluido de la tutela de la seguridad social por el solo hecho de ser homosexual".
El 59 por ciento de los argentinos dice estar de acuerdo con la medida
Los argentinos parecen admitir que haya mayores beneficios con respecto a las parejas homosexuales, pero no están de acuerdo con la despenalización de las drogas. Estos son dos temas que está impulsando el Gobierno nacional, y una consultora de opinión pública (CEOP) encaró una encuesta para saber qué opinión tiene la gente al respecto.
Sobre la pensión para las parejas del mismo género (gays y lesbianas) y las uniones civiles, el 59 por ciento de los consultados (mil argentinos hombres y mujeres mayores de edad), están de acuerdo con la medida. El 38,1 por ciento dijo estar en desacuerdo.
El mayor grado de apoyo parece encontrarse entre las mujeres. El 64,4 por ciento de las mujeres contestó estar de acuerdo con que se le otorgue pensión a los matrimonios homosexuales. El 31,5 por ciento respondió estar en contra.
Entre los varones el consenso parece ser menor. Sólo el 53,5 por ciento se mostró a favor de los beneficios para parejas homosexuales. El 45 por ciento directamente aseguró estar en contra de esta posibilidad.
Los argentinos más jóvenes son claramente los más proclives: el 68,9 por ciento de los encuestados de entre 18 y 34 años avaló la posibilidad de que se apruebe esta medida. Sólo el 52,4 por ciento de la población de entre 35 y 49 y el 50 por ciento de los mayores de 50 años opinó de la misma manera.
También se notaron diferencias según las clases sociales. Los más proclives resultaron los de las clases más altas (65,1 por ciento está a favor). En la clase media, el 63,7 por ciento dijo estar de acuerdo. Y en los sectores de menor poder económico, sólo el 54,1 por ciento apoya una medida de este tipo.
También saltaron diferencias según el lugar de residencia de los encuestados. El mayor porcentaje de apoyo (72,8 por ciento) se detectó en la Capital Federal y el conurbano. El menor en las ciudades de menos de 100.000 habitantes (46,9 por ciento).
La ANSeS firma hoy una resolución de alcance nacional argentino que beneficiará a todos aquellos que puedan demostrar, por lo menos, cinco años de convivencia. Cuatro casos se encuentran en la Justicia a la espera de una resolución. En el 5° piso de Córdoba 720, sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), hoy se dará un paso a favor de la no discriminación. Su director ejecutivo, Amado Boudou, firma una resolución que reconoce el derecho a la pensión por viudez para las parejas homosexuales, una vieja reivindicación de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). La medida tiene alcance nacional y beneficiará a todos aquellos que puedan demostrar una convivencia de por lo menos cinco años. Según explicó Boudou, se trata de "pruebas documentales" como, por ejemplo, la presentación de cuentas bancarias, inmuebles en común o certificados que demuestren que el inmueble estaba a nombre de uno y los servicios los pagaba el otro. "Este proceso de probatoria ya existe -agregó- y hasta ahora sólo regía para parejas heterosexuales".
Esta resolución se selló el sábado en una reunión en Casa de Gobierno entre la presidenta Cristina Fernández, el jefe de gabinete, Sergio Massa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Boudou.
"A través de la ANSeS vamos a reconocer este derecho en sede administrativa sin necesidad de que se recurra a un juzgado", dijo Boudou. Según el funcionario, hoy hay cuatro casos en la Justicia sin fallo definitivo. Con la firma de la resolución y su publicación, el próximo miércoles, en el Boletín Oficial, la norma entrará en vigencia.
Como se cita en su texto, esta decisión es una nueva interpretación de las normas a la luz de la reforma constitucional, de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina y de la experiencia de otros países, sobre todo del hemisferio norte. Este contexto, dice la resolución, "exige replantear en el ámbito de la ANSeS el criterio adoptado hasta la fecha" e "interpretar las normas vigentes acorde con esa igualdad de trato para el otorgamiento de derechos fundamentales como son los derivados de la Seguridad Social".
"Parece mentira, luego de tanta lucha y decepciones"
¿Cuarenta y siete años de convivencia y sin derecho a nada? ¿Sólo por el hecho de ser gay? Alfredo Pascale tiene 81 años y aunque siempre vivió su homosexualidad en silencio nunca dudó de su reclamo. Y en 1997, un año después de la muerte de su pareja, se presentó con un abogado ante la ANSeS para defender su derecho a la pensión por viudez. Este año su pedido llegó a la Corte Suprema -está en estudio-, y es un caso emblemático de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
"Me parece mentira, luego de tanta lucha y tantas decepciones", dijo al enterarse del inminente anuncio. Sin embargo, aunque en estos años recibió dos "no" de la ANSeS y otros dos de la Justicia, confiaba en que la Corte fallaría a favor. También lo creía la CHA.
Alfredo conoció a José Castro en 1949 cuando cumplió el servicio militar. "Lo hice y salí con honores. Esto es importante, porque se cree que somos débiles, que no podemos". El tenía 22 y José 24.
Alfredo no dice ni gays ni homosexuales. Dice "gente como nosotros", "somos", "podemos". Cuenta cómo vivió su vida con José. A lo sumo con medias palabras y sobreentendidos. Una relación de 47 años, rodeados de sus familias, que aceptaban o miraban para otro lado. No lo sabe. "Muchas veces pensé en blanquearlo para aliviarnos. Pero seguí la corriente".
Desde chico trabajó en una "empresa de indumentaria". Cuando lo despidieron estudió peluquería y atendió en su casa de Liniers. José hacía "arquitectura de interiores en una firma muy importante. Lo que ganábamos lo gastábamos. Trabajábamos para ayudar a la familia y vivir bien. Salíamos de vacaciones, teníamos una casita en el Tigre, pero lo único que necesitábamos era el cariño de todos".
En 1980 Alfredo sufrió un infarto y se jubiló. En el 96 José murió de una hemorragia cerebral. Un año después, Alfredo entraba al ANSeS para reclamar su derecho a una pensión. Iba con un abogado y una parva de papeles. Entre ellos, el testamento recíproco que firmaron cuando se acercaban a los 50 años.
Cuando recibió el primer "no" el abogado le aconsejó iniciar un juicio, pero Alfredo no tenía plata para afrontarlo. En 2002 volvió a la ANSeS con una gestora. Después del segundo rechazo ella le aconsejó ir a la CHA. Ahí se conectó con Pedro Paradiso Sottile, coordinador del Area Jurídica. "Cuando lo conocí -dice Paradiso- me sorprendió su voluntad, su convencimiento de que peleaba por un derecho, sobre todo para alguien de su generación".
La CHA llevó la demanda a la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo -trabajan casos de interés público-, con la que tiene convenio. Su director, Gustavo Maurino, inició el juicio. El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5 falló en contra. También la Sala N° 3 de la Cámara Federal de Apelaciones. Mediante un recurso extraordinario este año llegaron a la Corte donde, según la CHA, otro caso esperaba justicia. "El núcleo de la cuestión -sostuvo Maurino en su apelación- es determinar si el sistema jurídico argentino permite que un ciudadano quede excluido de la tutela de la seguridad social por el solo hecho de ser homosexual".
El 59 por ciento de los argentinos dice estar de acuerdo con la medida
Los argentinos parecen admitir que haya mayores beneficios con respecto a las parejas homosexuales, pero no están de acuerdo con la despenalización de las drogas. Estos son dos temas que está impulsando el Gobierno nacional, y una consultora de opinión pública (CEOP) encaró una encuesta para saber qué opinión tiene la gente al respecto.
Sobre la pensión para las parejas del mismo género (gays y lesbianas) y las uniones civiles, el 59 por ciento de los consultados (mil argentinos hombres y mujeres mayores de edad), están de acuerdo con la medida. El 38,1 por ciento dijo estar en desacuerdo.
El mayor grado de apoyo parece encontrarse entre las mujeres. El 64,4 por ciento de las mujeres contestó estar de acuerdo con que se le otorgue pensión a los matrimonios homosexuales. El 31,5 por ciento respondió estar en contra.
Entre los varones el consenso parece ser menor. Sólo el 53,5 por ciento se mostró a favor de los beneficios para parejas homosexuales. El 45 por ciento directamente aseguró estar en contra de esta posibilidad.
Los argentinos más jóvenes son claramente los más proclives: el 68,9 por ciento de los encuestados de entre 18 y 34 años avaló la posibilidad de que se apruebe esta medida. Sólo el 52,4 por ciento de la población de entre 35 y 49 y el 50 por ciento de los mayores de 50 años opinó de la misma manera.
También se notaron diferencias según las clases sociales. Los más proclives resultaron los de las clases más altas (65,1 por ciento está a favor). En la clase media, el 63,7 por ciento dijo estar de acuerdo. Y en los sectores de menor poder económico, sólo el 54,1 por ciento apoya una medida de este tipo.
También saltaron diferencias según el lugar de residencia de los encuestados. El mayor porcentaje de apoyo (72,8 por ciento) se detectó en la Capital Federal y el conurbano. El menor en las ciudades de menos de 100.000 habitantes (46,9 por ciento).
