Justícia cataloga y permite consultar 24.377 expedientes de vagos y maleantes
Archivos históricos sobre la antigua ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social. Foto: ALBERT BERTRAN
EFE
BARCELONA
El Departament de Justícia de la Generalitat catalana ha puesto hoy a disposición de los ciudadanos 24.377 expedientes catalogados, pertenecientes a los juzgados de vagos y maleantes y de peligrosidad y rehabilitación social de Barcelona.
En una nota, Justícia ha informado de que los archivos --que van de 1934 a 1985-- han sido ordenados, identificados, clasificados y restaurados en 2.640 cajas para que tanto la Administración, como los investigadores y las personas interesadas, puedan consultarlos.
División en tres fases
En 2005, dos técnicos iniciaron el tratamiento archivístico de la documentación, que se ha dividido en tres fases.
La primera consistió en ordenar los expedientes en tipologías documentales, años y juzgados.
En la segunda fase se identificó y catalogó cada uno de los documentos mediante una base de datos diseñada especialmente para este fondo que contiene: nombre, serie documental, fecha de la sentencia, persona acusada, descripción, asunto, resolución de la sentencia y órgano que generó la incoación del expediente.
La tercera fase, que se está llevando a cabo actualmente, corresponde a la descripción a nivel de fondo según la Norma de descripción archivística de Catalunya para preparar su transferencia al Arxiu Nacional, ya que todavía no se ha creado el Archivo Histórico Provincial de Barcelona.
Ley creada durante la Segunda República
El 4 de agosto de 1933, durante la Segunda República, se creó la ley de vagos y maleantes para procesar en los juzgados de instrucción a aquellas personas cuyas conductas eran inmorales y antisociales.
En 1945, el franquismo creó los Juzgados Especiales para aplicar la ley de 1933, y en 1954 y 1970 modificó la normativa de forma que los homosexuales fueron considerados muy peligrosos para la sociedad y se impuso más rigor a las medidas de seguridad necesarias para socializar los individuos considerados una amenaza para el orden establecido.
Pese a las modificaciones que sufrió la ley en 1978, hasta 1995 no se derogó la normativa de 1933.