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Manifestación a favor de la firma de la ley anti LGTB en Uganda, en Kampala
La durísima norma castiga con penas de hasta 20 años de cárcel la “promoción de la homosexualidad”. El presidente ugandés responde a la presión internacional: “Nadie nos moverá. Debemos estar preparados para una guerra”
Uganda enfrenta una oleada de reacciones internacionales adversas tras la aprobación este lunes de su radical ley homófoba, una de las más duras del mundo contra gais, lesbianas, transexuales y bisexuales. El país africano, cuya economía —y sistema sanitario— depende en gran medida de fondos internacionales, se arriesga ahora a pagar con recortes su homofobia institucional. Estados Unidos y la Unión Europea ya han condenado la “vergonzosa” norma y han amenazado con sanciones al país si no la deroga, mientras que organizaciones internacionales como el Banco Mundial se replantean también las relaciones con el Estado subsahariano. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha declarado: “Nadie nos moverá. Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos”.
Uganda es uno de los países más pobres del mundo. Aunque las tasas de pobreza se han recortado a la mitad en las últimas tres décadas, según datos del portal Afrobarometer, en 2020, el 30% de la población vivía con menos de 1,77 dólares al día (1,67 euros). El país africano es el sexto receptor de ayuda internacional del continente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y más del 40% del presupuesto del país depende del exterior, especialmente en sectores clave como la salud y la educación, según datos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Uganda aprueba una de las leyes más homofóbas y severas del mundo.
Estados Unidos, que aporta unos 950 millones de dólares (884 millones de euros) anuales a Uganda, fue uno de los primeros países en reaccionar ante la promulgación de la ley, que castiga con hasta 20 años de cárcel la “promoción de la homosexualidad”. El presidente Joe Biden señaló el pasado lunes en un comunicado que su Gobierno revisará la elegibilidad de Uganda para la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés), una ley de comercio que brinda a los países subsaharianos exenciones arancelarias. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, declaró por su parte que Washington está considerando la posibilidad de restringir los visados de oficiales ugandeses. Medios locales aseguran que ya ha sido cancelado el permiso de la presidenta del Parlamento de Uganda, Anita Among, quien en un mensaje de Twitter ha afirmado que la ley contra la homosexualidad “protege la santidad de la familia” y defiende “la cultura, los valores y las aspiraciones” de los ugandeses.
El Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) han anunciado también que repensarán su papel en Uganda, donde invierten miles de millones de dólares. La nueva ley es una “afrenta a los valores del Banco Mundial”, ha reconocido el presidente del organismo, David Malpass, en una entrevista con el portal de noticias Devex. “Estamos revisando nuestros proyectos y pensando próximos pasos”.
Uganda ya recibió un aviso de las consecuencias de su homofobia institucional en 2014, cuando el Gobierno intentó aprobar una norma similar que acabó siendo revocada por el Tribunal Constitucional basándose en un tecnicismo. En aquel entonces, el país de África del este sufrió recortes por valor de unos 110 millones de dólares (aproximadamente 102 millones de euros) procedentes del Banco Mundial, Suecia y Dinamarca. Una organización humanitaria consultada este jueves rechazó hablar siquiera de la posibilidad de sanciones, debido al impacto que estas podrían tener en la población civil.
Algunos expertos advierten ya del error que ha supuesto la promulgación de esta norma para las relaciones internacionales de Uganda. “Promulgar esta ley puede acarrear consecuencias nefastas, porque somos el bando más débil, y económicamente vulnerables”, afirma el profesor Mwambutsya Ndebessa, catedrático de Historia Política de la Universidad de Makerere. El historiador opina que una modificación del ya existente Código Penal habría atraído menos la atención del mundo occidental, pero que, tras la promulgación, Uganda se encuentra entre la espada y la pared, entre las presiones exteriores y “el temor a no satisfacer las preocupaciones de los ugandeses, que son quienes votan”. “Se trata de un choque de civilizaciones, con diferentes contradicciones en cuanto a visiones del mundo y valores”, opina. Y es que en cierta clase política de Uganda, en Kenia o en Tanzania se repite el discurso de que la homosexualidad es una importación del extranjero. Una idea que para muchos activistas LGTBIQ consultados es paradójica, porque las legislaciones contra la homosexualidad en estos países vienen, precisamente, de la época colonial.
Varapalo en la lucha contra el VIH/Sida
La nueva ley amenaza especialmente las políticas de prevención y tratamiento de VIH. Más de un millón de ugandeses entre los 15 y los 64 años son seropositivos, según datos de la OMS, es decir, un 6,2% de la población de esas edades. En 2021, el 89% de las personas que vivían con sida en Uganda conocían su estado, según Onusida y el Fondo Mundial, más del 92% recibían tratamiento antirretroviral y el 95% de las que estaban en tratamiento habían alcanzado la supresión viral (cantidad muy baja de VIH en sangre). Pero las minorías sexuales siguen teniendo dificultades para recibir tratamiento como es debido por miedo a los ataques, la discriminación y la estigmatización. Y el panorama desde ahora parece aún más desolador: según datos de Onusida, en aquellos países donde las relaciones del mismo sexo están criminalizadas, la prevalencia del VIH es cinco veces más alta entre hombres gais. Y, en los países en que esta persecución por la vía legal ha sucedido recientemente, la prevalencia se multiplica por 12.
“La mayor parte de la financiación para la lucha contra el VIH viene de Estados Unidos”, explica Peter Magelah, activista de derechos humanos en Uganda. Los que más sufrirán a partir de ahora, subraya, serán los más vulnerables. “Esto va a afectar no solo a la financiación gubernamental, sino también a las muchas ONG que trabajan aquí. Las relaciones tensas de Uganda con el exterior harán que también se resientan otras causas, como la lucha por los derechos humanos y el acceso a la justicia”.
El Fondo Mundial, la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el VIH (Onusida) y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) han señalado que esta norma pone a Uganda en “grave peligro” al obstaculizar la educación sanitaria y la divulgación sobre el sida.
"Preparados para una guerra"
El presidente Museveni, que ha gobernado la nación africana durante los últimos 37 años, defendió su decisión este miércoles en un comunicado en la cuenta de Twitter de la presidencia: “El NRM [Movimiento de Resistencia Nacional, el partido en el Gobierno] nunca ha usado dos idiomas, lo que decimos de día es lo que decimos de noche. La firma de la Ley contra la Homosexualidad está terminada. Nadie nos moverá. Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos”.
Las relaciones del mismo sexo ya se consideraban ilegales en el Código Penal de Uganda, que mantiene la criminalización colonial del “conocimiento carnal contra natura”, castigado con cadena perpetua. La nueva ley es aún más dura, ya que no solo castiga con la cadena perpetua las conductas homosexuales, sino que también impone la pena de muerte para los casos agravados, que incluyen mantener relaciones homosexuales con alguien menor de 18 años o infectar a alguien con VIH.
Distintos activistas y expertos ugandeses piden ahora al Tribunal Constitucional de Uganda que reconsidere una norma “discriminatoria” e “injusta”. Adrian Jjuuko, director ejecutivo de la organización no gubernamental Human Rights Awareness and Promotion Forum, afirma que viola “principios de los derechos humanos como la igualdad y la dignidad”, y sostiene que también tiene defectos legales porque “fue aprobada únicamente por los legisladores, pero no contó con participación pública, incluidos los miembros de la comunidad LGTBIQ”. Allan Nsubuga, profesional de la psicología que se identifica como persona no binaria y trabaja para la ONG Sexual Minorities Uganda, teme que las sanciones refuercen el clima de hostilidad hacia las minorías sexuales. “No puedo hablar mucho para no poner en riesgo mi seguridad y la de mi equipo”, explica. “Esta ley es injusta y ofrece una mala imagen de todos los ugandeses, que no deberían ser culpados por las decisiones de unas pocas personas”.
La directora adjunta para África de Human Rights Watch, Ashwanee Budoo-Scholz, ha reiterado en una declaración pública que la aprobación de esta norma constituye “una violación de múltiples derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la equidad en Uganda, donde la violencia y la discriminación contra las personas LGTB ya son habituales”.
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Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/20...-homofoba.html
