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Concentración contra agresiones LGTBfóbicas en Madrid, a 9 de julio de 2021.E.P.
Los datos oficiales así lo confirman: los incidentes homófobos han aumentado un 22,6% desde el año 2016.
Lo recogen las estadísticas de criminalidad publicadas periódicamente por el Ministerio del Interior. Según los últimos datos disponibles, ni siquiera la pandemia ha dado tregua al colectivo. En 2020 se registraron un total de 282 hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que contabilizan las autoridades. En 2019 fueron 283. No se trata de hechos aislados ni es una forma de violencia más, como se atreven a generalizar los partidos de la derecha. Este mismo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acertó a condenar "todos los ataques a cualquier persona por el motivo que sea", diluyendo de esta manera la raíz discriminatoria de los delitos de odio y todo el contexto sobre el que se asientan.
La pandemia no da tregua
Los hechos conocidos pasaron de 230 en 2016, a 271 un año después. En 2018 se anclaron en los 259, para posteriormente escalar a 283 en 2019. Los datos más recientes, relativos a 2020, muestran un total de 282 hechos discriminatorios con base en la orientación sexual o identidad de género. Fueron, concretamente, 277 infracciones penales y cinco administrativas. Ni siquiera la pandemia sanitaria y las consiguientes restricciones han sido capaces de alterar sustancialmente el escenario. Interior comenzó a publicar sus estadísticas en 2013, pero los colectivos toman como referencia el ejercicio correspondiente a 2016, año en que comienza a aplicarse la reforma del Código Penal de 2015 que, entre otras cuestiones, contempla modificaciones en el artículo 510, sobre delitos de odio, incluyendo nuevas formas de punibilidad como aquellos ataques cometidos a través de internet, redes sociales o medios de comunicación.
En 2020, el tipo de agresiones más numeroso con diferencia fueron las amenazas (25,5%), seguido del delito de lesiones (23%). A una distancia considerable, el grupo aglutinado bajo el epígrafe de otros delitos contra la Constitución (8,8%), las injurias y el trato degradante (ambos un 7%). Por sexos, el perfil es claro: la violencia contra el colectivo es cometida mayoritariamente por hombres y las víctimas son también, por norma general, varones. Por comunidades, Cataluña registró en 2020 el mayor número de incidentes de odio relacionados con la orientación sexual de la víctima (24,4%), seguida de Euskadi (15,9%), Madrid (14,8%) y Andalucía (12,7%). El mapa apenas ha variado en los últimos años, siendo la comunidad catalana la que se ha mantenido a la cabeza. Barcelona y Madrid son las provincias con un mayor número de ataques homófobos.
La Fiscalía constata una tendencia al alza
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada este mismo lunes, determinó que los motivos discriminatorios relativos a la orientación sexual, el racismo y la xenofobia "siguen siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos". Más concretamente, la Fiscalía Provincial de Barcelona destaca que los asuntos de odio y discriminación por orientación sexual "mantienen una tendencia constante al alza", mientras que la valenciana los confirma como los más frecuentes, junto a los ataques dirigidos a la población migrante.
El análisis detalla que, a lo largo del pasado año, el ministerio público mantuvo abiertas un total de 236 diligencias por delitos de odio y otros tipos penales relacionados con la discriminación. Los fiscales acogieron además 675 procesos judiciales sobre este tipo de delitos. Entre enero y julio del presente año, tal y como adelantó Grande-Marlaska en un balance provisional, se han registrado un total de 748 delitos de odio.
Los observatorios reportan más del triple
¿Qué dice la red de observatorios puesta en marcha por los colectivos? En el año 2018, la FELGTB publicaba un informe en el que destacaba la asimetría entre los datos cosechados por las organizaciones y las estadísticas oficiales. Aunque el Ministerio del Interior reseñaba aquel curso un total de 259 incidentes, las entidades recogían más del triple: 971. Sólo en Madrid, los ataques detectados por el observatorio en 2020 fueron 321 y en lo que va de año se han notificado 104. En Galicia, las atenciones a víctimas del colectivo han pasado de 123 en 2018, a 152 en 2019 y 252 en 2020. En Cataluña ha ocurrido algo similar: los incidentes conocidos por los colectivos han pasado de 160 en 2019 a 189 en 2020. Comunitat Valenciana ha reportado 140 casos en 2020.
La gran brecha entre los números, destaca la FELGTB, tiene que ver con un foco demasiado estrecho a la hora de agrupar los ataques en las estadísticas oficiales –sólo presuntos delitos– y las resistencias a presentar una denuncia formal por parte de las víctimas. En este último aspecto coinciden todas las fuentes. En una encuesta publicada el pasado mes de junio por el Ministerio del Interior, se determinó que el 87,10% de los encuestados que decían haber sufrido algún incidente motivado por su orientación sexual o identidad de género no había acudido a las autoridades para interponer una denuncia. El pasado año, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó su mayor encuesta LGTBI hasta la fecha. En ella, los españoles que participaron reconocieron de manera abrumadora no haber denunciado ninguno de los incidentes discriminatorios sufridos: el 91% de los entrevistados no fue quien de dar la voz de alarma.
Pedro Sánchez mueve ficha
La agresión en el barrio madrileño no ha pasado desapercibida para los líderes políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado cartas en el asunto y ha decidido convocar de manera urgente una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, un organismo que se da cita con carácter ordinario una vez cada semestre. Su labor es evaluar la aplicación del mencionado plan, puesto en marcha hace ahora tres años con el objetivo de aglutinar y ordenar las reglas que han de cumplir los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos de odio.
El pasado mes de julio, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que exige a la Policía Nacional y la Guardia Civil que "ineludiblemente" crímenes como el del joven coruñés deriven, sin excepciones, en una investigación por posible delito de odio. El propósito de esta orden está dirigido a evitar que crímenes como el sucedido en la ciudad herculina susciten algún tipo de duda sobre su raíz discriminatoria. Es ahí donde sin duda Ignacio Paredero, secretario de Organización de la FELGTB, entrevé una de las principales fallas. El activista y sociólogo recuerda que existe un protocolo que incluye de manera cristalina los "factores de polarización" por los que un crimen debe ser tratado como delito de odio. "Las instituciones no están a la altura, especialmente la policía y la judicatura", lanza Paredero. En cuanto a los agentes, "no hay formación específica ni cuerpos especializados en diversidad", por lo que "no se toma en serio" este tipo de delitos. Respecto a los jueces, censura el activista, existen problemas "tanto en la formación como en la interpretación de las normas". Paredero apuesta por una reforma en la tipificación de los delitos de odio, de manera que se defina claramente cuáles son los grupos vulnerables que pueden ser víctimas.
Movilizaciones contra los discursos de odio
Las organizaciones han convocado este sábado en Madrid movilizaciones contra "la espiral de violencia" que soporta el colectivo. Ignacio Paredero repara en que, junto al ascenso incuestionable de la violencia, existe además un elemento subjetivo que sugiere una mayor agresividad en los ataques. "Samuel Luiz supuso un escalón cualitativo y este último ataque lo ha confirmado", resalta el activista. Coincide Rubén López, presidente del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia y portavoz de Arcópoli. La agresión de este lunes resulta para los activistas algo prácticamente insólito por su ferocidad. "Ha generado un impacto enorme", reconoce López. La principal consecuencia se vive en las calles, en la propia piel de las personas LGTBI.
"Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con los discursos de odio en la política", aventura Paredero, quien no titubea a la hora de pronunciar el nombre de Vox. Las declaraciones del partido ultra, entrevé, "no sólo calan" entre determinados sectores de la población, sino que "señalan al grupo más débil, proporcionan objetivos". Este mismo martes, voces como la de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith condenaron, sin aportar prueba alguna, a las personas migrantes como autores de las agresiones homófobas. Lo hicieron con el silencio cómplice de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Almeida, quienes evitaron pronunciarse al respecto. En 2020, según las estadísticas de criminalidad, los investigados de nacionalidad española fueron 91 y los nacidos en el extranjero 48.
Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/po...9xcsfS0dXtNfRY
Concentración contra agresiones LGTBfóbicas en Madrid, a 9 de julio de 2021.E.P.
- Las estadísticas de criminalidad, publicadas por el Ministerio del Interior, muestran un aumento paulatino de la violencia contra la comunidad LGTBI que no ha dado tregua ni siquiera durante la pandemia
- El asesinato de Samuel Luiz en A Coruña evidencian una brutalidad inédita que pone en guardia a las organizaciones
- La Fiscalía confirma que la discriminación contra el colectivo está detrás de la mayoría de diligencias por delitos de odio y la Fiscalía Provincial de Barcelona advierte de una "tendencia constante al alza"
- Cerca del 90% de las víctimas se reconoce incapaz de acudir a las autoridades para interponer una denuncia, lo que impide ver la dimensión real del problema
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Los datos oficiales así lo confirman: los incidentes homófobos han aumentado un 22,6% desde el año 2016.
Lo recogen las estadísticas de criminalidad publicadas periódicamente por el Ministerio del Interior. Según los últimos datos disponibles, ni siquiera la pandemia ha dado tregua al colectivo. En 2020 se registraron un total de 282 hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que contabilizan las autoridades. En 2019 fueron 283. No se trata de hechos aislados ni es una forma de violencia más, como se atreven a generalizar los partidos de la derecha. Este mismo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acertó a condenar "todos los ataques a cualquier persona por el motivo que sea", diluyendo de esta manera la raíz discriminatoria de los delitos de odio y todo el contexto sobre el que se asientan.
La pandemia no da tregua
Los hechos conocidos pasaron de 230 en 2016, a 271 un año después. En 2018 se anclaron en los 259, para posteriormente escalar a 283 en 2019. Los datos más recientes, relativos a 2020, muestran un total de 282 hechos discriminatorios con base en la orientación sexual o identidad de género. Fueron, concretamente, 277 infracciones penales y cinco administrativas. Ni siquiera la pandemia sanitaria y las consiguientes restricciones han sido capaces de alterar sustancialmente el escenario. Interior comenzó a publicar sus estadísticas en 2013, pero los colectivos toman como referencia el ejercicio correspondiente a 2016, año en que comienza a aplicarse la reforma del Código Penal de 2015 que, entre otras cuestiones, contempla modificaciones en el artículo 510, sobre delitos de odio, incluyendo nuevas formas de punibilidad como aquellos ataques cometidos a través de internet, redes sociales o medios de comunicación.
En 2020, el tipo de agresiones más numeroso con diferencia fueron las amenazas (25,5%), seguido del delito de lesiones (23%). A una distancia considerable, el grupo aglutinado bajo el epígrafe de otros delitos contra la Constitución (8,8%), las injurias y el trato degradante (ambos un 7%). Por sexos, el perfil es claro: la violencia contra el colectivo es cometida mayoritariamente por hombres y las víctimas son también, por norma general, varones. Por comunidades, Cataluña registró en 2020 el mayor número de incidentes de odio relacionados con la orientación sexual de la víctima (24,4%), seguida de Euskadi (15,9%), Madrid (14,8%) y Andalucía (12,7%). El mapa apenas ha variado en los últimos años, siendo la comunidad catalana la que se ha mantenido a la cabeza. Barcelona y Madrid son las provincias con un mayor número de ataques homófobos.
La Fiscalía constata una tendencia al alza
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada este mismo lunes, determinó que los motivos discriminatorios relativos a la orientación sexual, el racismo y la xenofobia "siguen siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos". Más concretamente, la Fiscalía Provincial de Barcelona destaca que los asuntos de odio y discriminación por orientación sexual "mantienen una tendencia constante al alza", mientras que la valenciana los confirma como los más frecuentes, junto a los ataques dirigidos a la población migrante.
El análisis detalla que, a lo largo del pasado año, el ministerio público mantuvo abiertas un total de 236 diligencias por delitos de odio y otros tipos penales relacionados con la discriminación. Los fiscales acogieron además 675 procesos judiciales sobre este tipo de delitos. Entre enero y julio del presente año, tal y como adelantó Grande-Marlaska en un balance provisional, se han registrado un total de 748 delitos de odio.
Los observatorios reportan más del triple
¿Qué dice la red de observatorios puesta en marcha por los colectivos? En el año 2018, la FELGTB publicaba un informe en el que destacaba la asimetría entre los datos cosechados por las organizaciones y las estadísticas oficiales. Aunque el Ministerio del Interior reseñaba aquel curso un total de 259 incidentes, las entidades recogían más del triple: 971. Sólo en Madrid, los ataques detectados por el observatorio en 2020 fueron 321 y en lo que va de año se han notificado 104. En Galicia, las atenciones a víctimas del colectivo han pasado de 123 en 2018, a 152 en 2019 y 252 en 2020. En Cataluña ha ocurrido algo similar: los incidentes conocidos por los colectivos han pasado de 160 en 2019 a 189 en 2020. Comunitat Valenciana ha reportado 140 casos en 2020.
La gran brecha entre los números, destaca la FELGTB, tiene que ver con un foco demasiado estrecho a la hora de agrupar los ataques en las estadísticas oficiales –sólo presuntos delitos– y las resistencias a presentar una denuncia formal por parte de las víctimas. En este último aspecto coinciden todas las fuentes. En una encuesta publicada el pasado mes de junio por el Ministerio del Interior, se determinó que el 87,10% de los encuestados que decían haber sufrido algún incidente motivado por su orientación sexual o identidad de género no había acudido a las autoridades para interponer una denuncia. El pasado año, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó su mayor encuesta LGTBI hasta la fecha. En ella, los españoles que participaron reconocieron de manera abrumadora no haber denunciado ninguno de los incidentes discriminatorios sufridos: el 91% de los entrevistados no fue quien de dar la voz de alarma.
Pedro Sánchez mueve ficha
La agresión en el barrio madrileño no ha pasado desapercibida para los líderes políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado cartas en el asunto y ha decidido convocar de manera urgente una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, un organismo que se da cita con carácter ordinario una vez cada semestre. Su labor es evaluar la aplicación del mencionado plan, puesto en marcha hace ahora tres años con el objetivo de aglutinar y ordenar las reglas que han de cumplir los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos de odio.
El pasado mes de julio, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que exige a la Policía Nacional y la Guardia Civil que "ineludiblemente" crímenes como el del joven coruñés deriven, sin excepciones, en una investigación por posible delito de odio. El propósito de esta orden está dirigido a evitar que crímenes como el sucedido en la ciudad herculina susciten algún tipo de duda sobre su raíz discriminatoria. Es ahí donde sin duda Ignacio Paredero, secretario de Organización de la FELGTB, entrevé una de las principales fallas. El activista y sociólogo recuerda que existe un protocolo que incluye de manera cristalina los "factores de polarización" por los que un crimen debe ser tratado como delito de odio. "Las instituciones no están a la altura, especialmente la policía y la judicatura", lanza Paredero. En cuanto a los agentes, "no hay formación específica ni cuerpos especializados en diversidad", por lo que "no se toma en serio" este tipo de delitos. Respecto a los jueces, censura el activista, existen problemas "tanto en la formación como en la interpretación de las normas". Paredero apuesta por una reforma en la tipificación de los delitos de odio, de manera que se defina claramente cuáles son los grupos vulnerables que pueden ser víctimas.
Movilizaciones contra los discursos de odio
Las organizaciones han convocado este sábado en Madrid movilizaciones contra "la espiral de violencia" que soporta el colectivo. Ignacio Paredero repara en que, junto al ascenso incuestionable de la violencia, existe además un elemento subjetivo que sugiere una mayor agresividad en los ataques. "Samuel Luiz supuso un escalón cualitativo y este último ataque lo ha confirmado", resalta el activista. Coincide Rubén López, presidente del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia y portavoz de Arcópoli. La agresión de este lunes resulta para los activistas algo prácticamente insólito por su ferocidad. "Ha generado un impacto enorme", reconoce López. La principal consecuencia se vive en las calles, en la propia piel de las personas LGTBI.
"Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con los discursos de odio en la política", aventura Paredero, quien no titubea a la hora de pronunciar el nombre de Vox. Las declaraciones del partido ultra, entrevé, "no sólo calan" entre determinados sectores de la población, sino que "señalan al grupo más débil, proporcionan objetivos". Este mismo martes, voces como la de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith condenaron, sin aportar prueba alguna, a las personas migrantes como autores de las agresiones homófobas. Lo hicieron con el silencio cómplice de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Almeida, quienes evitaron pronunciarse al respecto. En 2020, según las estadísticas de criminalidad, los investigados de nacionalidad española fueron 91 y los nacidos en el extranjero 48.
Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/po...9xcsfS0dXtNfRY
