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Amenaza Pública
Cuando un juez, en lugar de hablar por la boca de la ley cuando pone sentencias, habla por la de sus creencias u opiniones particulares, se convierte en una seria amenaza pública, quizás una de las más graves que puede sufrir el orden jurídico democrático. No sólo se pervierte y desnaturaliza la jurisdicción, sometiendo su ejercicio al juicio de valor subjetivo y personal del juez y no al imperio de la ley, sino que se lesionan gravísimamente los derechos del ciudadano que acude a la justicia en busca de amparo y protección. Se comprende, pues, la alarma provocada por las últimas sentencias dictadas por el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita en un caso de adopción y otro de custodia, basadas no en argumentos jurídicos derivados de la ley, sino en consideraciones personales sobre la homosexualidad de la pareja adoptante y de la madre solicitante de la custodia.
El Consejo del Poder Judicial ha abierto una investigación que debería resolverse cuanto antes, pues no es admisible que un juez deniegue o conceda adopciones o custodias según la orientación sexual de quienes las solicitan. A este juez habría que decirle cuanto antes que el Código Civil no hace distingos y que la Constitución de 1978 prohíbe cualquier tipo de discriminación en razón de la orientación sexual. Hace tiempo que el Consejo del Poder Judicial debió tomar cartas en el asunto y no permitir, al menos, que este juez, con amplios antecedentes sobre sus dificultades para aplicar la ley al margen de sus creencias u opciones morales, llegara a ejercer en un juzgado de familia, donde sus prejuicios homófobos encuentran campo abonado.
El juez en cuestión se dio a conocer hace 20 años cuando acababa de ingresar en la carrera: ordenó detener a dos jóvenes en top less en una playa, las mantuvo detenidas durante tres días y abrió un proceso por escándalo público, sin que nadie le llamara la atención sobre tamaño abuso de poder. Ahora se ha mostrado radicalmente en contra del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas de esa orientación sexual y ha mostrado su disgusto con la ley de divorcio y la de violencia de género. Pero en lugar de cambiar de juzgado, para no poner a prueba sus creencias o prejuicios, o de cuestionar la constitucionalidad de estas leyes, otra opción legal en sus manos, ha optado por aplicarlas a su modo, echando mano de los peores y más vulgares tópicos sobre la condición homosexual. Algunos vocales del Consejo Judicial dudan de que este juez esté capacitado para ejercer. Desde luego, su forma de ejercer la jurisdicción parece estar basada, tanto o más que en los códigos, en la Biblia y Camino, sus dos libros de cabecera, según ha confesado. No es ése el modelo de un juez constitucional.
Cuando un juez, en lugar de hablar por la boca de la ley cuando pone sentencias, habla por la de sus creencias u opiniones particulares, se convierte en una seria amenaza pública, quizás una de las más graves que puede sufrir el orden jurídico democrático. No sólo se pervierte y desnaturaliza la jurisdicción, sometiendo su ejercicio al juicio de valor subjetivo y personal del juez y no al imperio de la ley, sino que se lesionan gravísimamente los derechos del ciudadano que acude a la justicia en busca de amparo y protección. Se comprende, pues, la alarma provocada por las últimas sentencias dictadas por el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita en un caso de adopción y otro de custodia, basadas no en argumentos jurídicos derivados de la ley, sino en consideraciones personales sobre la homosexualidad de la pareja adoptante y de la madre solicitante de la custodia.
El Consejo del Poder Judicial ha abierto una investigación que debería resolverse cuanto antes, pues no es admisible que un juez deniegue o conceda adopciones o custodias según la orientación sexual de quienes las solicitan. A este juez habría que decirle cuanto antes que el Código Civil no hace distingos y que la Constitución de 1978 prohíbe cualquier tipo de discriminación en razón de la orientación sexual. Hace tiempo que el Consejo del Poder Judicial debió tomar cartas en el asunto y no permitir, al menos, que este juez, con amplios antecedentes sobre sus dificultades para aplicar la ley al margen de sus creencias u opciones morales, llegara a ejercer en un juzgado de familia, donde sus prejuicios homófobos encuentran campo abonado.
El juez en cuestión se dio a conocer hace 20 años cuando acababa de ingresar en la carrera: ordenó detener a dos jóvenes en top less en una playa, las mantuvo detenidas durante tres días y abrió un proceso por escándalo público, sin que nadie le llamara la atención sobre tamaño abuso de poder. Ahora se ha mostrado radicalmente en contra del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas de esa orientación sexual y ha mostrado su disgusto con la ley de divorcio y la de violencia de género. Pero en lugar de cambiar de juzgado, para no poner a prueba sus creencias o prejuicios, o de cuestionar la constitucionalidad de estas leyes, otra opción legal en sus manos, ha optado por aplicarlas a su modo, echando mano de los peores y más vulgares tópicos sobre la condición homosexual. Algunos vocales del Consejo Judicial dudan de que este juez esté capacitado para ejercer. Desde luego, su forma de ejercer la jurisdicción parece estar basada, tanto o más que en los códigos, en la Biblia y Camino, sus dos libros de cabecera, según ha confesado. No es ése el modelo de un juez constitucional.
