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Colombia Diversa presentó informe sobre crímenes de odio
En el Congreso cursa un proyecto de ley que reconoce a las parejas del mismo sexo. Esto ya sucede en países como Suráfrica. Colombia Diversa, que defiende los derechos de unos tres millones de gays y lesbianas, presentó ayer un estudio que denuncia homicidios, torturas y discriminación contra esta comunidad.
Los investigadores de la fundación, defensora de los intereses de los homosexuales (que serían entre el 6 y el 10 por ciento de la población del país), llegaron a la conclusión inquietante de que los crímenes de odio son una realidad cotidiana en Colombia.
Esta afirmación se basa en datos como los recopilados por el forense Andrés Rodríguez, de Medicina Legal, que dan cuenta de más de 60 gays asesinados en Bogotá entre el 2000 y el 2005, todos con el mismo modus operandi.
Según el estudio, el que estos hechos no estén tipificados como crímenes de odio en la legislación nacional -sumado al excesivo prurito de las autoridades respecto del derecho a la igualdad- hace que la orientación sexual de las víctimas sea descartada en las pesquisas. Esto, dice, impide establecer nexos entre diferentes delitos a partir de móviles discriminatorios.
Abusos oficiales
También se hace referencia a las torturas a soldados gays o aparentemente homosexuales y se pide que sean castigadas por la justicia ordinaria y no por la penal militar, pues "no tienen relación directa con el servicio".
El supuesto abuso policial contra el colectivo LGBT ocupa un capítulo entero. En él se relacionan maltratos, restricciones de la libre circulación y del acceso a espacios públicos y detenciones arbitrarias.
"Estas se caracterizan por no revelar el motivo legal de la detención -afirma el documento-. Expresiones de los agentes indican que las únicas razones son los prejuicios sociales o la orientación sexual (de los detenidos); luego de unas horas son liberados sin cargos".
Colombia Diversa también advierte sobre la situación de los reclusos homosexuales, que constituyen una especie de "subcategoría de presos".
Para ello utiliza información recogida en cárceles de 5 capitales, como el testimonio de un gay recluido en Bucaramanga que fue obligado por el cacique de su patio a ponerse ropa de mujer y a tener sexo con una docena de reclusos.
Uno de los casos reportados fue el de Ángel Henao, un travesti enfermo de sida, que de acuerdo con una queja del Sindicato de Guardianes del Inpec, fue rapado, "se le dejó un mechón que lo ridiculiza, se le despojó de su calzado femenino y fue llevado descalzo hasta el pabellón 4 y ubicado cerca de 400 internos que lo chiflaban, haciendo más lamentable su situación".
La conclusión del estudio es que el Inpec "no protege los derechos humanos de las personas LGBT (...), no investiga y sanciona a los responsables de los abusos ni a los servidores encargados de la protección (...), y no aplica protocolos de atención médica o sicológica posteriores".
En cuanto a los derechos sociales, se relaciona el hecho de que "la casi totalidad de travestis no terminó su educación básica y está forzada a trabajar en la prostitución" con la incapacidad de las escuelas para formar a niños que descubren su homosexualidad.
Finalmente, Colombia Diversa insiste en la urgencia de reconocer legalmente a las parejas del mismo sexo, idea aprobada por el Senado y pendiente de debate en Cámara.
Colombia Diversa presentó informe sobre crímenes de odio
En el Congreso cursa un proyecto de ley que reconoce a las parejas del mismo sexo. Esto ya sucede en países como Suráfrica. Colombia Diversa, que defiende los derechos de unos tres millones de gays y lesbianas, presentó ayer un estudio que denuncia homicidios, torturas y discriminación contra esta comunidad.
Los investigadores de la fundación, defensora de los intereses de los homosexuales (que serían entre el 6 y el 10 por ciento de la población del país), llegaron a la conclusión inquietante de que los crímenes de odio son una realidad cotidiana en Colombia.
Esta afirmación se basa en datos como los recopilados por el forense Andrés Rodríguez, de Medicina Legal, que dan cuenta de más de 60 gays asesinados en Bogotá entre el 2000 y el 2005, todos con el mismo modus operandi.
Según el estudio, el que estos hechos no estén tipificados como crímenes de odio en la legislación nacional -sumado al excesivo prurito de las autoridades respecto del derecho a la igualdad- hace que la orientación sexual de las víctimas sea descartada en las pesquisas. Esto, dice, impide establecer nexos entre diferentes delitos a partir de móviles discriminatorios.
Abusos oficiales
También se hace referencia a las torturas a soldados gays o aparentemente homosexuales y se pide que sean castigadas por la justicia ordinaria y no por la penal militar, pues "no tienen relación directa con el servicio".
El supuesto abuso policial contra el colectivo LGBT ocupa un capítulo entero. En él se relacionan maltratos, restricciones de la libre circulación y del acceso a espacios públicos y detenciones arbitrarias.
"Estas se caracterizan por no revelar el motivo legal de la detención -afirma el documento-. Expresiones de los agentes indican que las únicas razones son los prejuicios sociales o la orientación sexual (de los detenidos); luego de unas horas son liberados sin cargos".
Colombia Diversa también advierte sobre la situación de los reclusos homosexuales, que constituyen una especie de "subcategoría de presos".
Para ello utiliza información recogida en cárceles de 5 capitales, como el testimonio de un gay recluido en Bucaramanga que fue obligado por el cacique de su patio a ponerse ropa de mujer y a tener sexo con una docena de reclusos.
Uno de los casos reportados fue el de Ángel Henao, un travesti enfermo de sida, que de acuerdo con una queja del Sindicato de Guardianes del Inpec, fue rapado, "se le dejó un mechón que lo ridiculiza, se le despojó de su calzado femenino y fue llevado descalzo hasta el pabellón 4 y ubicado cerca de 400 internos que lo chiflaban, haciendo más lamentable su situación".
La conclusión del estudio es que el Inpec "no protege los derechos humanos de las personas LGBT (...), no investiga y sanciona a los responsables de los abusos ni a los servidores encargados de la protección (...), y no aplica protocolos de atención médica o sicológica posteriores".
En cuanto a los derechos sociales, se relaciona el hecho de que "la casi totalidad de travestis no terminó su educación básica y está forzada a trabajar en la prostitución" con la incapacidad de las escuelas para formar a niños que descubren su homosexualidad.
Finalmente, Colombia Diversa insiste en la urgencia de reconocer legalmente a las parejas del mismo sexo, idea aprobada por el Senado y pendiente de debate en Cámara.
