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Concluyen autoridades de Querétaro caso de Octavio Acuña
• Aseguran se trató de un crimen entre integrantes de la comunidad gay
• En entrevista con NotieSe, inculpado desmiente versión de la Procuraduría
• Organizaciones civiles estarán pendientes de que no se fabriquen culpables: Brito
Mario Alberto Reyes-enviado
20/06/2006
Octavio AcuñaQuerétaro, Querétaro, junio 20 de 2006 Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJ) concluyeron que el crimen del activista gay, Octavio Acuña Rubio, no fue motivado por homofobia sino por la resistencia que éste opuso para ser asaltado en la condonería de su propiedad.
De acuerdo con la PGJ, fueron Miguel Ángel Palacios Ríos, de 18 años, y Humberto García Ramírez, alias “La Salma”, de 24 años de edad, quienes “bajo los efectos de bebidas embriagantes” planearon el asesinato luego de que el primero se disgustara con Acuña Rubio por “recibir piropos” en su negocio, situación que molestó al activista “quien lo corrió del lugar con palabras altisonantes”.
Así, las autoridades ministeriales desestimaron las opiniones de organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigían se tomara en cuenta a la homofobia como posible causa del crimen y concluyeron que los hechos se debieron a diferencias entre integrantes de la comunidad gay.
Sin embargo, en un comunicado dirigido a la opinión pública y del cual NotieSe tiene una copia, Humberto García Ramírez, se deslinda de los hechos y acusa a la PGJ de fabricar delitos. En su carta, el inculpado niega haber conocido a Octavio Acuña y enfatiza que la relación sostenida con Palacios Ríos surgió en diciembre de 2005, es decir, seis meses después de cometido el crimen.
García Ramírez, quien es estudiante de contaduría en la Universidad Autónoma de Querétaro y quien platicó con esta agencia al cierre de esta edición, confirmó que fue obligado a mentir luego de que agentes judiciales lo maltrataron física y psicológicamente. Agregó que la tarde del pasado 16 de junio fue secuestrado por elementos policiacos mientras realizaba algunas compras, “me cubrieron con una cobija, me esposaron y me obligaron a subir a un auto, me golpearon en el estómago y los genitales y me pedían que confesara, de lo contrario me iba a ir peor, finalmente, dije lo que ellos querían escuchar”.
Por su parte, la PGJ mediante un boletín de prensa aseguró que inicialmente los inculpados pretendían “dar un susto” al activista, no obstante, en el momento de los hechos, Palacios Ríos temió que lo “madrugara” y le asestó tres puñaladas, una de las cuales tocó órganos vitales lo que originó su muerte.
Alejandro Brito, integrante de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia y director de Letra S, acusó a las autoridades judiciales de Querétaro de “estar más preocupadas e interesadas en demostrar que no fue un crimen de odio, que en esclarecer el asesinato, lo que genera desconfianza en su actuar por lo que las organizaciones civiles estarán pendientes de que no se fabrique culpables, práctica tradicional de las policías judiciales”.
En conferencia de prensa, los activistas denunciaron que hasta el momento las autoridades les han negado el acceso al expediente y así conocer los avances de la investigación. Incluso, la abogada que lleva el caso, Nadia Sierra, adelantó a esta agencia que en los próximos días las organizaciones no gubernamentales presentarán sus propios peritajes, “pues los realizados oficialmente no nos convencen porque existen muchas contradicciones”.
A un año de los hechos, la PGJ al mando de Juan Martín Granados Torres, negó que García Ramírez pudiera ser considerado autor intelectual del crimen, “pues se encuentra en una circunstancia que no encuentra tipicidad suficiente en el Código Penal, ya que su intención era sólo asustar al occiso y no privarlo de la vida.
Ante estos hechos, Miguel Ángel Palacios Ríos, arraigado por unos días, fue trasladado al Penal de San José El Alto, donde será consignado ante las autoridades judiciales por la comisión del delito de homicidio calificado, y por el cual podría recibir una condena de 50 años de prisión, la máxima prevista en la legislación estatal.
NotieSe presentará mañana la entrevista completa con Humberto García Ramírez, quien asegura que ha sido víctima de una calumnia y de un acto delictivo que no cometió.
• Aseguran se trató de un crimen entre integrantes de la comunidad gay
• En entrevista con NotieSe, inculpado desmiente versión de la Procuraduría
• Organizaciones civiles estarán pendientes de que no se fabriquen culpables: Brito
Mario Alberto Reyes-enviado
20/06/2006
Octavio AcuñaQuerétaro, Querétaro, junio 20 de 2006 Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJ) concluyeron que el crimen del activista gay, Octavio Acuña Rubio, no fue motivado por homofobia sino por la resistencia que éste opuso para ser asaltado en la condonería de su propiedad.
De acuerdo con la PGJ, fueron Miguel Ángel Palacios Ríos, de 18 años, y Humberto García Ramírez, alias “La Salma”, de 24 años de edad, quienes “bajo los efectos de bebidas embriagantes” planearon el asesinato luego de que el primero se disgustara con Acuña Rubio por “recibir piropos” en su negocio, situación que molestó al activista “quien lo corrió del lugar con palabras altisonantes”.
Así, las autoridades ministeriales desestimaron las opiniones de organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigían se tomara en cuenta a la homofobia como posible causa del crimen y concluyeron que los hechos se debieron a diferencias entre integrantes de la comunidad gay.
Sin embargo, en un comunicado dirigido a la opinión pública y del cual NotieSe tiene una copia, Humberto García Ramírez, se deslinda de los hechos y acusa a la PGJ de fabricar delitos. En su carta, el inculpado niega haber conocido a Octavio Acuña y enfatiza que la relación sostenida con Palacios Ríos surgió en diciembre de 2005, es decir, seis meses después de cometido el crimen.
García Ramírez, quien es estudiante de contaduría en la Universidad Autónoma de Querétaro y quien platicó con esta agencia al cierre de esta edición, confirmó que fue obligado a mentir luego de que agentes judiciales lo maltrataron física y psicológicamente. Agregó que la tarde del pasado 16 de junio fue secuestrado por elementos policiacos mientras realizaba algunas compras, “me cubrieron con una cobija, me esposaron y me obligaron a subir a un auto, me golpearon en el estómago y los genitales y me pedían que confesara, de lo contrario me iba a ir peor, finalmente, dije lo que ellos querían escuchar”.
Por su parte, la PGJ mediante un boletín de prensa aseguró que inicialmente los inculpados pretendían “dar un susto” al activista, no obstante, en el momento de los hechos, Palacios Ríos temió que lo “madrugara” y le asestó tres puñaladas, una de las cuales tocó órganos vitales lo que originó su muerte.
Alejandro Brito, integrante de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia y director de Letra S, acusó a las autoridades judiciales de Querétaro de “estar más preocupadas e interesadas en demostrar que no fue un crimen de odio, que en esclarecer el asesinato, lo que genera desconfianza en su actuar por lo que las organizaciones civiles estarán pendientes de que no se fabrique culpables, práctica tradicional de las policías judiciales”.
En conferencia de prensa, los activistas denunciaron que hasta el momento las autoridades les han negado el acceso al expediente y así conocer los avances de la investigación. Incluso, la abogada que lleva el caso, Nadia Sierra, adelantó a esta agencia que en los próximos días las organizaciones no gubernamentales presentarán sus propios peritajes, “pues los realizados oficialmente no nos convencen porque existen muchas contradicciones”.
A un año de los hechos, la PGJ al mando de Juan Martín Granados Torres, negó que García Ramírez pudiera ser considerado autor intelectual del crimen, “pues se encuentra en una circunstancia que no encuentra tipicidad suficiente en el Código Penal, ya que su intención era sólo asustar al occiso y no privarlo de la vida.
Ante estos hechos, Miguel Ángel Palacios Ríos, arraigado por unos días, fue trasladado al Penal de San José El Alto, donde será consignado ante las autoridades judiciales por la comisión del delito de homicidio calificado, y por el cual podría recibir una condena de 50 años de prisión, la máxima prevista en la legislación estatal.
NotieSe presentará mañana la entrevista completa con Humberto García Ramírez, quien asegura que ha sido víctima de una calumnia y de un acto delictivo que no cometió.
