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La ministra de Igualdad, Irene Montero (foto de archivo) - EFE
la pandemia y el estado de alarma decretado como medio de frenar su expansión del virus han retrasado la tramitación y aprobación de algunas de las normas clave del ejecutivo. Entre ellas varias que afectan a derechos fundamentales.
Marisa kohan @kohanm
A pesar de el 2020 ha sido un año totalmente atípico y de que la pandemia del coronoavirus trastocó todos los planes del recién estrenado Gobierno de coalición, la actividad e intensidad legislativa no se detuvo. Es más a final de año el Parlamento había tramitado un total de 48 iniciativas legislativas, sólo seis menos que el primer año de Gobierno de Rajoy.
Sin embargo, la pandemia y el estado de alarma decretado como medio de frenar su expansión del virus han provocado una amplia cantidad de reales decretos y han retrasado la tramitación y aprobación de algunas de las normas clave del ejecutivo. Entre ellas varias que afectan a derechos fundamentales y que estaban en ministerios como el de Igualdad o de Derechos Sociales y que no han avanzado al paso que se quería al principio de la legislatura.
Por ello, este año que comienza, viene cargado de proyectos legales que se encuentran en distintos puntos de tramitación, muchos de los cuales el Gobierno espera que sean tramitados y aprobados en los primeros meses de este nuevo año.
'Solo sí es sí'
Entre ellos se encuentra la Ley Integral para la Garanti?a de la Libertad Sexual, una norma impulsada por amplios sectores sociales tras la primera sentencia de La Manada y que exigía cambios en la denominación y concepción del consentimiento sexual.
El anteproyecto de ley, una prioridad para el Ministerio que dirige Irene Montero, se aprobó en Consejo de Ministros justo antes del ocho de marzo (Día Internacional de la Mujer) del año pasado y desde entonces ha tenido importantes modificaciones. Entre ellas, la inclusión de los menores como víctimas de violencia sexual y la puesta en marcha de las conocidas como Casas de niños o Barnahus, un modelo ampliamente utilizado en países nórdicos y que son centros especializados y multidisciplinares para tratar a los menores y evitar su revictimización.
Esta medida, más esperada en la ley sobre Infancia, acabó siendo desarrollada en el texto que elabora Igualdad en torno a la libertad sexual. Otro de los puntos innovadores incluidos en el proyecto de ley a lo largo de su tramitación ha sido la inclusión de medidas de reparación integral de las víctimas de violencia sexual, que no sólo consistirán e medidas de carácter jurídico, sino también económico.
La ley, más conocida como del sólo sí es sí, pone el consentimiento de las relaciones sexuales en el centro de la norma, por lo que cuando se apruebe, España será uno de los 12 países europeos que base su legislación en esta premisa, en lugar de hacerlo en función de la violencia ejercida o la resistencia que opuso la víctima para determinar una posible agresión sexual. Entre otras cosas, la norma borrará el concepto de abuso sexual, tan criticado en el caso de La Manada, cuyas protestasimpulsaron estos cambios legales. Con ese cambio, todo comportamiento sexual sin el consentimiento de la víctima será considerada como agresión.
El Consejo Fiscal, uno de los órganos consultivos por el que tiene que pasar esta norma, ha dado ya su visto bueno. En su informe sólo resalta la recomendación de que la definición de consentimiento sea expresada en positivo. En la actualidad, la norma lo define como "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".
Se espera que en estos primeros días de enero sea haga público el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Una filtración a principios del pasado mes de diciembre advertía de que este órgano no veía con buenos ojos la definición del consentimiento incluido en el proyecto de ley, y la calificaron como rígida y que puede crear inseguridad jurídica. Si bien los dictámenes de estos órganos no son vinculantes, sí suelen ser tenidos en cuenta.
Una vez agotados los trámites de los distintos órganos consultivos, el proyecto de ley deberá volver a ser aprobado en Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario. Desde Igualdad esperan que la norma entre cuanto antes al Parlamento, donde tendrá pasará por la Comisión de Igualdad y posteriormente pleno en el Parlamento para votación de enmiendas y aprobación.
Esta norma, que nació sin perspectiva de género ni de infancia, se ha modificado gracias a diversas enmiendas de los partidos de coalición del Ejecutivo, así como con las aportaciones de otros ministerios. Es el caso de algunos cambios incluidos por Igualdad, que introdujo en la ley una prevención a la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental, así como párrafos que introducen la perspectiva de género en el documento. Algunos cambios clave que incluye la norma, es la extensión del plazo para denunciar abusos sexuales, que comenzará a contabilizarse cuando la víctima cumpla los 30 años, en lugar de 18 como ocurre en la actualidad o la suspensión de la custodia o visitas a padres cuando esté en vigor una orden de alejamiento.
Tramitado como urgente, es uno de los textos legales más avanzados y el Ejecutivo espera que apruebe en el primer trimestre del año.
Otra normas que se espera que vea la luz en los primeros compases de 2021, es la derivada del Real Decreto 12/2020 que se aprobo? durante el Estado de Alarma para la proteccio?n de las mujeres vi?ctimas de violencia de ge?nero durante la crisis sanitaria y que el Congreso aprobó tramitarlo como proyecto de Ley.
Las leyes Trans y LGTBI
Dos leyes más que garantizan los derechos de las personas Trans y LGTBI impulsadas por Igualdad se espera que se hagan realidad este año que empieza, aunque su desarrollo camina más lento que las intenciones del Ejecutivo. Ambas son compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno de coalición y si bien Irene Montero había manifestado a principios de 2020 que la ley LGTBI podría debatirse en el Congreso en el verano, su desarrollo va más lento de lo inicialmente previsto.
En relación a la conocida como ley Trans, el pasado 30 de octubre el Ministerio de Igualdad abrió un período de consulta para recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre lo que debía contener dicha norma. Este fue el pistoletazo de salida de una ley que, tal como afirmó Irene Montero, quiere tener redactada a principios de este nuevo año. Otro proyecto de ley que inició su trámite de consulta pública es la ley LGTBI. Tanto la ley Trans, como la de los derechos LGTBI fueron proyectos que iniciaron su tramitación en la anterior legislatura, peor decayeron con la convocatoria electoral. Igualdad espera que ambas puedan ser tramitadas y aprobadas a lo largo de este año.
La ley Trans levantó diversas polémicas y enfrentamientos. Primero entre los propios socios del Gobierno (el PSOE y Unidas Podemos), cuando en junio del 2020 se hizo público un documento firmado por altos cargos del Partido Socialista y miembros del Gobierno, como Carmen Calvo y José Luis Ávalos. En disputa estaba el concepto que incluye la norma de "derecho a la autodeterminación de la identidad sexual", contestado a pesar de formar parte de los acuerdos de Gobierno entre ambos partidos.
La puesta en marcha de la consulta a la sociedad civil volvió a levantar críticas y la creación de una plataforma "Contra el borrado de mujeres", que denuncian que algunos conceptos de la ley Trans contenidos ya en el documento de debate hecho público por el Ministerio, borra a las mujeres y compromete avances que se pelearon durante años en materia de Igualdad.
Otras normas que el Ejecutivo espera que vean la luz a lo largo del año, incluyen las modificaciones legales para actuar frente a las agencias que ofrecen servicios de vientres de alquiler en el extranjero (una práctica prohibida en nuestro país), así como avanzar en los trabajos hacia una Ley Integral contra la Trata de Mujeres con Fines de explotación sexual, anunciada por Montero en el Congreso. Por último, también está previsto acometer una reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta modificación volverá a permitir, entre otras cosas, que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus progenitores, derogando la modificación que estableció el Partido Popular.
Poner el acelerador en la ley de Infancia
La ley protección a la Infancia, un proyecto apadrinado por el equipo del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pero que ha sido trabajado a lo largo de varios años con organizaciones del sector desde el Gobierno de Rajoy, es una de las prioridades del Ejecutivo para este inicio de año. La intención es aprobarla cuanto antes. Desde que el proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Ministros de junio del año pasado, el texto ha sufrido importantes y profundas modificaciones. En la actualidad se encuentra el la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, donde se espera que se aceleren los trámites con sesiones extraordinarias, que este mismo mes de enero pase a la Comisión de Justicia y acto seguido al Pleno del Congreso para su debate y votación.
Al ser una ley orgánica, al igual que la de libertad sexual, el texto definitivo deberá ser debatido y votado en el Pleno antes de pasar al Senado para su aprobación.
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/nuev...6toOQnHBv3KDSk
La ministra de Igualdad, Irene Montero (foto de archivo) - EFE
la pandemia y el estado de alarma decretado como medio de frenar su expansión del virus han retrasado la tramitación y aprobación de algunas de las normas clave del ejecutivo. Entre ellas varias que afectan a derechos fundamentales.
Marisa kohan @kohanm
A pesar de el 2020 ha sido un año totalmente atípico y de que la pandemia del coronoavirus trastocó todos los planes del recién estrenado Gobierno de coalición, la actividad e intensidad legislativa no se detuvo. Es más a final de año el Parlamento había tramitado un total de 48 iniciativas legislativas, sólo seis menos que el primer año de Gobierno de Rajoy.
Sin embargo, la pandemia y el estado de alarma decretado como medio de frenar su expansión del virus han provocado una amplia cantidad de reales decretos y han retrasado la tramitación y aprobación de algunas de las normas clave del ejecutivo. Entre ellas varias que afectan a derechos fundamentales y que estaban en ministerios como el de Igualdad o de Derechos Sociales y que no han avanzado al paso que se quería al principio de la legislatura.
Por ello, este año que comienza, viene cargado de proyectos legales que se encuentran en distintos puntos de tramitación, muchos de los cuales el Gobierno espera que sean tramitados y aprobados en los primeros meses de este nuevo año.
'Solo sí es sí'
Entre ellos se encuentra la Ley Integral para la Garanti?a de la Libertad Sexual, una norma impulsada por amplios sectores sociales tras la primera sentencia de La Manada y que exigía cambios en la denominación y concepción del consentimiento sexual.
El anteproyecto de ley, una prioridad para el Ministerio que dirige Irene Montero, se aprobó en Consejo de Ministros justo antes del ocho de marzo (Día Internacional de la Mujer) del año pasado y desde entonces ha tenido importantes modificaciones. Entre ellas, la inclusión de los menores como víctimas de violencia sexual y la puesta en marcha de las conocidas como Casas de niños o Barnahus, un modelo ampliamente utilizado en países nórdicos y que son centros especializados y multidisciplinares para tratar a los menores y evitar su revictimización.
Esta medida, más esperada en la ley sobre Infancia, acabó siendo desarrollada en el texto que elabora Igualdad en torno a la libertad sexual. Otro de los puntos innovadores incluidos en el proyecto de ley a lo largo de su tramitación ha sido la inclusión de medidas de reparación integral de las víctimas de violencia sexual, que no sólo consistirán e medidas de carácter jurídico, sino también económico.
La ley, más conocida como del sólo sí es sí, pone el consentimiento de las relaciones sexuales en el centro de la norma, por lo que cuando se apruebe, España será uno de los 12 países europeos que base su legislación en esta premisa, en lugar de hacerlo en función de la violencia ejercida o la resistencia que opuso la víctima para determinar una posible agresión sexual. Entre otras cosas, la norma borrará el concepto de abuso sexual, tan criticado en el caso de La Manada, cuyas protestasimpulsaron estos cambios legales. Con ese cambio, todo comportamiento sexual sin el consentimiento de la víctima será considerada como agresión.
El Consejo Fiscal, uno de los órganos consultivos por el que tiene que pasar esta norma, ha dado ya su visto bueno. En su informe sólo resalta la recomendación de que la definición de consentimiento sea expresada en positivo. En la actualidad, la norma lo define como "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".
Se espera que en estos primeros días de enero sea haga público el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Una filtración a principios del pasado mes de diciembre advertía de que este órgano no veía con buenos ojos la definición del consentimiento incluido en el proyecto de ley, y la calificaron como rígida y que puede crear inseguridad jurídica. Si bien los dictámenes de estos órganos no son vinculantes, sí suelen ser tenidos en cuenta.
Una vez agotados los trámites de los distintos órganos consultivos, el proyecto de ley deberá volver a ser aprobado en Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario. Desde Igualdad esperan que la norma entre cuanto antes al Parlamento, donde tendrá pasará por la Comisión de Igualdad y posteriormente pleno en el Parlamento para votación de enmiendas y aprobación.
Esta norma, que nació sin perspectiva de género ni de infancia, se ha modificado gracias a diversas enmiendas de los partidos de coalición del Ejecutivo, así como con las aportaciones de otros ministerios. Es el caso de algunos cambios incluidos por Igualdad, que introdujo en la ley una prevención a la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental, así como párrafos que introducen la perspectiva de género en el documento. Algunos cambios clave que incluye la norma, es la extensión del plazo para denunciar abusos sexuales, que comenzará a contabilizarse cuando la víctima cumpla los 30 años, en lugar de 18 como ocurre en la actualidad o la suspensión de la custodia o visitas a padres cuando esté en vigor una orden de alejamiento.
Tramitado como urgente, es uno de los textos legales más avanzados y el Ejecutivo espera que apruebe en el primer trimestre del año.
Otra normas que se espera que vea la luz en los primeros compases de 2021, es la derivada del Real Decreto 12/2020 que se aprobo? durante el Estado de Alarma para la proteccio?n de las mujeres vi?ctimas de violencia de ge?nero durante la crisis sanitaria y que el Congreso aprobó tramitarlo como proyecto de Ley.
Las leyes Trans y LGTBI
Dos leyes más que garantizan los derechos de las personas Trans y LGTBI impulsadas por Igualdad se espera que se hagan realidad este año que empieza, aunque su desarrollo camina más lento que las intenciones del Ejecutivo. Ambas son compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno de coalición y si bien Irene Montero había manifestado a principios de 2020 que la ley LGTBI podría debatirse en el Congreso en el verano, su desarrollo va más lento de lo inicialmente previsto.
En relación a la conocida como ley Trans, el pasado 30 de octubre el Ministerio de Igualdad abrió un período de consulta para recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre lo que debía contener dicha norma. Este fue el pistoletazo de salida de una ley que, tal como afirmó Irene Montero, quiere tener redactada a principios de este nuevo año. Otro proyecto de ley que inició su trámite de consulta pública es la ley LGTBI. Tanto la ley Trans, como la de los derechos LGTBI fueron proyectos que iniciaron su tramitación en la anterior legislatura, peor decayeron con la convocatoria electoral. Igualdad espera que ambas puedan ser tramitadas y aprobadas a lo largo de este año.
La ley Trans levantó diversas polémicas y enfrentamientos. Primero entre los propios socios del Gobierno (el PSOE y Unidas Podemos), cuando en junio del 2020 se hizo público un documento firmado por altos cargos del Partido Socialista y miembros del Gobierno, como Carmen Calvo y José Luis Ávalos. En disputa estaba el concepto que incluye la norma de "derecho a la autodeterminación de la identidad sexual", contestado a pesar de formar parte de los acuerdos de Gobierno entre ambos partidos.
La puesta en marcha de la consulta a la sociedad civil volvió a levantar críticas y la creación de una plataforma "Contra el borrado de mujeres", que denuncian que algunos conceptos de la ley Trans contenidos ya en el documento de debate hecho público por el Ministerio, borra a las mujeres y compromete avances que se pelearon durante años en materia de Igualdad.
Otras normas que el Ejecutivo espera que vean la luz a lo largo del año, incluyen las modificaciones legales para actuar frente a las agencias que ofrecen servicios de vientres de alquiler en el extranjero (una práctica prohibida en nuestro país), así como avanzar en los trabajos hacia una Ley Integral contra la Trata de Mujeres con Fines de explotación sexual, anunciada por Montero en el Congreso. Por último, también está previsto acometer una reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta modificación volverá a permitir, entre otras cosas, que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus progenitores, derogando la modificación que estableció el Partido Popular.
Poner el acelerador en la ley de Infancia
La ley protección a la Infancia, un proyecto apadrinado por el equipo del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pero que ha sido trabajado a lo largo de varios años con organizaciones del sector desde el Gobierno de Rajoy, es una de las prioridades del Ejecutivo para este inicio de año. La intención es aprobarla cuanto antes. Desde que el proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Ministros de junio del año pasado, el texto ha sufrido importantes y profundas modificaciones. En la actualidad se encuentra el la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, donde se espera que se aceleren los trámites con sesiones extraordinarias, que este mismo mes de enero pase a la Comisión de Justicia y acto seguido al Pleno del Congreso para su debate y votación.
Al ser una ley orgánica, al igual que la de libertad sexual, el texto definitivo deberá ser debatido y votado en el Pleno antes de pasar al Senado para su aprobación.
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/nuev...6toOQnHBv3KDSk
