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Las Corts instan al Gobierno a indemnizar a las personas gays que sufrieron prisión durante el franquismo
VALENCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS)
La Comisión de Política Social y Empleo de las Corts Valencianas aprobó hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno del Estado a establecer las correspondientes indemnizaciones "económicas" y "morales" a todas las personas gays que sufrieron prisión por su orientación sexual como consecuencia de la aplicación de la leyes franquistas de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Los grupos parlamentarios aprobaron una enmienda transaccional a una proposición no de ley de EU-Entesa por la que, además de instar al Ejecutivo central a otorgar estas compensaciones "dentro de los trabajos de la comisión interministerial correspondiente", también se pide al Consell de la Generalitat que promueva estudios históricos, sociales, culturales y legales sobre la represión contra las personas por su orientación sexual durante los periodos de vigencia de estas leyes, con la participación de especialistas en historia y otros expertos.
Además, la iniciativa aprobada también emplaza al Consell a promover la publicación de estos estudios respetando la confidencialidad de los datos personales y la legislación aplicable "con la finalidad de dar a conocer la realidad histórica y social de la represión que sufrieron algunas personas por su orientación sexual". El texto inicial de la propuesta de EU-Entesa planteaba esencialmente los mismos puntos, y además solicitaba que se fijaran partidas presupuestarias para llevar a cabo estas investigaciones.
El diputado del PP Felipe del Baño, que inició su intervención recordando su condición de gays y condenando que existan todavía 70 países en los que se considere delito esta opción, defendió la necesidad de ser "inflexibles" ante "cualquier resquicio" que quede de la aplicación de la ley de Peligrosidad Social, una norma que consideró una "desfachatez" y un "fiel reflejo de un Estado falto de derechos y de libertades".
Del Baño exigió además que los expedientes que obran todavía en instituciones penitenciarias u organismos judiciales y las fichas policiales de que dispone el Ministerio del Interior "sean definitivamente puestas en manos de los archivos históricos bajo la ley de Patrimonio Histórico y la ley de Protección de Datos de carácter personal".
El parlamentario popular indicó que en la actualidad se ha avanzado "muchísimo" en la aceptación de los derechos de los gays, gracias a los colectivos de gais, lesbianas y transexuales que "han trabajo muy duro" y también "gracias a una generación que empezamos a arañar las puertas de los armarios para que empezase a entrar la luz" y a "muchos gestos y mucha lucha".
Sin embargo, indicó que "no todo está hecho todavía", porque "quedan resquicios para conseguir una igualdad social plena". "Queda mucho por hacer y todas las actuaciones son pocas para evitar el padecimiento" de estas personas, destacó Del Baño, que elogió actitudes como la del juez Fernando Grande-Marlaska.
El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona destacó que la denominada ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970, incluyó medidas represoras contra los gays que llevaron a la prisión, sin ningún juicio, a muchas personas, y recordó que los encarcelados a causa de su orientación sexual, a diferencia de algunos presos políticos del franquismo, no se vieron beneficiados ni del indulto del 25 de noviembre de 1975 ni de la amnistía del 31 de julio de 1976 y tampoco de ningún otro tipo de indemnización.
Cardona defendió la necesidad de que se establezcan compensaciones para estas personas, y, aunque reconoció que el Gobierno central está avanzando en esta cuestión, indicó que "no está de más" que las Cortes Valencianes muestren su voluntad de que "esta indemnización económica se produzca", especialmente cuando "habría miles de personas afectadas, pero, al final, sólo será un centenar de ellas el que estará en disposición de recibirla".
INVESTIGACIONES
El parlamentario manifestó que, aunque durante los últimos años ha aumentado el interés de los historiadores y de la sociedad en general por el estudio de la represión franquista, las investigaciones centradas en las represalias a los gays son muy escasas, y señaló que faltan estudios basados en documentos policiales y jurídicos sobre los efectos que la ley de Peligrosidad Social y su antecedente, la de Vagos y Maleantes, tuvo en la persecución de personas por su orientación sexual.
La diputada del PSPV Nuria Espí mostró su apoyo a que se establezcan compensaciones económicas y también morales para estas personas, en lo que supone, dijo, un "ajuste con nuestra propia historia" para "reconciliarnos" no sólo con estas personas homosexuales, sino con "muchas familias que tuvieron que vivir y esconder situaciones que en ningún caso" tendrían que haberse producido. Se trata, dijo, de "pasar de esconder el miedo y la vergüenza a sentir que la sociedad tiene con ellas una deuda".
Por otro lado, el PP rechazó una proposición no de ley del PSPV que pedía la ampliación a todas las personas con discapacidad del derecho a la asistencia odontológica gratuita y al servicio de anestesia general cuando lo precisaran por prescripción facultativa, en las mismas condiciones en que se presta actualmente a las personas con discapacidad integradas en el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis).
VALENCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS)
La Comisión de Política Social y Empleo de las Corts Valencianas aprobó hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno del Estado a establecer las correspondientes indemnizaciones "económicas" y "morales" a todas las personas gays que sufrieron prisión por su orientación sexual como consecuencia de la aplicación de la leyes franquistas de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Los grupos parlamentarios aprobaron una enmienda transaccional a una proposición no de ley de EU-Entesa por la que, además de instar al Ejecutivo central a otorgar estas compensaciones "dentro de los trabajos de la comisión interministerial correspondiente", también se pide al Consell de la Generalitat que promueva estudios históricos, sociales, culturales y legales sobre la represión contra las personas por su orientación sexual durante los periodos de vigencia de estas leyes, con la participación de especialistas en historia y otros expertos.
Además, la iniciativa aprobada también emplaza al Consell a promover la publicación de estos estudios respetando la confidencialidad de los datos personales y la legislación aplicable "con la finalidad de dar a conocer la realidad histórica y social de la represión que sufrieron algunas personas por su orientación sexual". El texto inicial de la propuesta de EU-Entesa planteaba esencialmente los mismos puntos, y además solicitaba que se fijaran partidas presupuestarias para llevar a cabo estas investigaciones.
El diputado del PP Felipe del Baño, que inició su intervención recordando su condición de gays y condenando que existan todavía 70 países en los que se considere delito esta opción, defendió la necesidad de ser "inflexibles" ante "cualquier resquicio" que quede de la aplicación de la ley de Peligrosidad Social, una norma que consideró una "desfachatez" y un "fiel reflejo de un Estado falto de derechos y de libertades".
Del Baño exigió además que los expedientes que obran todavía en instituciones penitenciarias u organismos judiciales y las fichas policiales de que dispone el Ministerio del Interior "sean definitivamente puestas en manos de los archivos históricos bajo la ley de Patrimonio Histórico y la ley de Protección de Datos de carácter personal".
El parlamentario popular indicó que en la actualidad se ha avanzado "muchísimo" en la aceptación de los derechos de los gays, gracias a los colectivos de gais, lesbianas y transexuales que "han trabajo muy duro" y también "gracias a una generación que empezamos a arañar las puertas de los armarios para que empezase a entrar la luz" y a "muchos gestos y mucha lucha".
Sin embargo, indicó que "no todo está hecho todavía", porque "quedan resquicios para conseguir una igualdad social plena". "Queda mucho por hacer y todas las actuaciones son pocas para evitar el padecimiento" de estas personas, destacó Del Baño, que elogió actitudes como la del juez Fernando Grande-Marlaska.
El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona destacó que la denominada ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970, incluyó medidas represoras contra los gays que llevaron a la prisión, sin ningún juicio, a muchas personas, y recordó que los encarcelados a causa de su orientación sexual, a diferencia de algunos presos políticos del franquismo, no se vieron beneficiados ni del indulto del 25 de noviembre de 1975 ni de la amnistía del 31 de julio de 1976 y tampoco de ningún otro tipo de indemnización.
Cardona defendió la necesidad de que se establezcan compensaciones para estas personas, y, aunque reconoció que el Gobierno central está avanzando en esta cuestión, indicó que "no está de más" que las Cortes Valencianes muestren su voluntad de que "esta indemnización económica se produzca", especialmente cuando "habría miles de personas afectadas, pero, al final, sólo será un centenar de ellas el que estará en disposición de recibirla".
INVESTIGACIONES
El parlamentario manifestó que, aunque durante los últimos años ha aumentado el interés de los historiadores y de la sociedad en general por el estudio de la represión franquista, las investigaciones centradas en las represalias a los gays son muy escasas, y señaló que faltan estudios basados en documentos policiales y jurídicos sobre los efectos que la ley de Peligrosidad Social y su antecedente, la de Vagos y Maleantes, tuvo en la persecución de personas por su orientación sexual.
La diputada del PSPV Nuria Espí mostró su apoyo a que se establezcan compensaciones económicas y también morales para estas personas, en lo que supone, dijo, un "ajuste con nuestra propia historia" para "reconciliarnos" no sólo con estas personas homosexuales, sino con "muchas familias que tuvieron que vivir y esconder situaciones que en ningún caso" tendrían que haberse producido. Se trata, dijo, de "pasar de esconder el miedo y la vergüenza a sentir que la sociedad tiene con ellas una deuda".
Por otro lado, el PP rechazó una proposición no de ley del PSPV que pedía la ampliación a todas las personas con discapacidad del derecho a la asistencia odontológica gratuita y al servicio de anestesia general cuando lo precisaran por prescripción facultativa, en las mismas condiciones en que se presta actualmente a las personas con discapacidad integradas en el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis).
