Tweet
yo-educo-en-diversidad.png
A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, FELGTB y sus entidades miembros exigen al Ministerio de Educación y a las Consejerías autonómicas que recuerden a sus centros educativos la obligatoriedad de ofrecer este tipo de formación
Solicitar el consentimiento de las familias para dar cumplimiento a la ley educativa abre la puerta a que el sistema educativo reconozca como “válidas” otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia
(30.10.19) La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y sus entidades miembros recuerdan, tanto al Ministerio, como a las Consejerías Autonómicas de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, muchos territorios no tienen implementado este tipo de formación como deberían.
En este sentido, las entidades LGTBI recuerdan que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de diversas legislaciones autonómicas, establecen la obligatoriedad de que el Estado adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.
Así, declaran que las Consejerías de Educación tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, según explican, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por este motivo, las entidades representantes de personas LGTBI solicitan tanto al Ministerio, como a sus respectivas Consejerías de Educación que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerden a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Además, a través de la campaña “Tienen derecho a saber”, invitan a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y envíe sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.
Asimismo, exigen a las Consejerías que están implantando medidas que contradicen inclusosus propias legislaciones autonómicas, como es el caso de Murcia o Andalucía, la retirada o modificación inmediata de las instrucciones que obligan a los centros a solicitar el consentimiento familiar para que el alumnado reciba determinadas formaciones y que, lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, están privando al alumnado de su derecho a conocer la realidad de la sociedad en la que viven y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas.
Según la coordinadora del grupo de Educación de FELGTB, Visi González, “la intención de esta acción es recordar la obligada responsabilidad de los poderes públicos de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que estén pudiendo surgir como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.
En este sentido, González recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.
Y es que, según la representante de FELGTB, la aplicación de un “pin parental” que la ultraderecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas, está instaurando en algunas autonomías “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores”.
Además, explica que el uso del término pin parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el pin parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara la expert
A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, FELGTB y sus entidades miembros exigen al Ministerio de Educación y a las Consejerías autonómicas que recuerden a sus centros educativos la obligatoriedad de ofrecer este tipo de formación
Solicitar el consentimiento de las familias para dar cumplimiento a la ley educativa abre la puerta a que el sistema educativo reconozca como “válidas” otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia
(30.10.19) La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y sus entidades miembros recuerdan, tanto al Ministerio, como a las Consejerías Autonómicas de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, muchos territorios no tienen implementado este tipo de formación como deberían.
En este sentido, las entidades LGTBI recuerdan que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de diversas legislaciones autonómicas, establecen la obligatoriedad de que el Estado adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.
Así, declaran que las Consejerías de Educación tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, según explican, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por este motivo, las entidades representantes de personas LGTBI solicitan tanto al Ministerio, como a sus respectivas Consejerías de Educación que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerden a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Además, a través de la campaña “Tienen derecho a saber”, invitan a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y envíe sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.
Asimismo, exigen a las Consejerías que están implantando medidas que contradicen inclusosus propias legislaciones autonómicas, como es el caso de Murcia o Andalucía, la retirada o modificación inmediata de las instrucciones que obligan a los centros a solicitar el consentimiento familiar para que el alumnado reciba determinadas formaciones y que, lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, están privando al alumnado de su derecho a conocer la realidad de la sociedad en la que viven y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas.
En este sentido, González recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.
Y es que, según la representante de FELGTB, la aplicación de un “pin parental” que la ultraderecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas, está instaurando en algunas autonomías “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores”.
Además, explica que el uso del término pin parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el pin parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara la expert
