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Jair Bolsonaro ofrece una rueda de prensa en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda
Por Esther Solano Gallego
Que la política tiene un impacto decisivo en la sanidad pública, es algo que ya sabemos, pero que la salud mental de un país esté en manos de un gobierno retrógrado es algo que, cuando se concreta, asusta, y mucho. En Brasil se está concretando. Las urnas lo definieron todo, hasta lo que puede o no ser tratado como enfermedad y cómo será tratado.
Durante el gobierno del expresidente Michel Temer comenzó un desmonte intenso de la sanidad pública brasileña con grandes recortes presupuestarios en favor de políticas estatales que beneficiaban la privatización de la sanidad. Esa fue la misma apuesta del gobierno Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, el Ministro de Sanidad, es un conocido aliado de los planes de salud privados, que financiaron parte de su campaña para diputado federal en 2014. Pero los cambios que el nuevo presidente está introduciendo en la sanidad pública brasileña van mucho más allá de cuestiones administrativas o presupuestarias.
En febrero de este año, un mes después de la toma de posesión de Jair Bolsonaro, el Ministerio de Sanidad presentó la nueva propuesta de la Política Nacional de la Salud Mental y Política Nacional de Drogas. En el texto, permeado de retrocesos casi inimaginables para el siglo XXI, se destacan dos: volver a las terapias con internación en manicomios y el uso del electroshock, incluso en casos de pacientes menores de edad. Así mismo, el documento favorece las llamadas comunidades terapéuticas, muchas de ellas vinculadas a instituciones religiosas, con un fuerte apelo evangelizador y que escapan al control estatal, para tratamiento de drogodependencias.
Por último, el documento amplía el número de plazas en hospitales psiquiátricos y, en sentido contrario, reduce la partida presupuestaria para los Centros de Atención Psicosocial, que ofrecen un tratamiento más humanizado para trastornos psíquicos y dependencias. Esta nueva política incentiva la hospitalización, la medicalización y la deshumanización de la enfermedad psíquica reforzando la lógica del aislamiento y la internación frente a la lógica de la asistencia multi-profesional, humanizada y socializada. La reacción del Consejo Federal de Psicología de Brasil no se hizo esperar. El organismo tachó los cambios de retrógrados diciendo que este modelo “priva al sujeto de libertad, dentro de un sistema que no favorece su recuperación, sino simplemente su aislamiento”. Así mismo, criticó el incentivo a la electroconvulsoterapia sobre todo contextualizado en la política de incentivo de la privatización de hospitales psiquiátricos que carecen de protocolos claros y normas de transparencia.
Todos estos retrocesos van frontalmente en contra de las conquistas establecidas por la Ley de Salud Mental 10.216 de 2001, el marco de la lucha antimanicomial brasileña y de la humanización del tratamiento psicológico que transfiere el foco de la institución hospitalaria a la atención psicosocial estructurada en una red de servicios comunitarios y abiertos. En Brasil, esta no es cualquier lucha.
En este país se habla del holocausto manicomial, la política de internación intensiva de personas en hospicios sin ningún control estatal y que morían masivamente por las condiciones de extrema insalubridad y precariedad de esos hospitales-cárceles. O se les mataba, o se les dejaba morir. Casos tan aterradores como el del Hospital Colonia de Barbacena, en el estado de Minas Gerais, donde se calcula que, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, murieron sesenta mil personas que estaban hospitalizadas, una especie de campo de concentración nazi para todos os indeseables (prostitutas, mendigos, homosexuales, adolescentes embarazadas y hasta opositores políticos) que eran calificados como enfermos mentales. La hospitalización era sinónimo de muerte en lugares como este. Los “locos” eran llevados al matadero. Como respuesta a este genocidio psiquiátrico, el movimiento antimanicomial se organizó en Brasil desde 1987 consiguió importantes proezas como la creación del sistema público de salud brasileño o la Ley 10.216. Todo eso, de un plumazo, vuelve hacia atrás en el tiempo, con la bendición de Bolsonaro
Pero las polémicas del presidente con la psicología no son de hoy, se arrastran durante los años de sus mandatos como diputado federal del Estado de Rio de Janeiro. La principal fue cuando, en 2017 apoyó la aprobación del proyecto conocido popularmente como “cura gay”, el Proyecto de ley 4931/2016 se encuentra tramitando en el Congreso.
En él se reconoce que los psicólogos podrán actuar en terapias de reversión sexual, considerando la homosexualidad como una enfermedad curable y retomando prácticas que están prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil desde 1999. El asunto centró el debate público cuando, en 2017, el juez federal Waldemar Claudio de Carvalho dictó una sentencia autorizando esta práctica alegando que los psicólogos deberían atender a aquellos que “enfrentan sus más variados dilemas y profundos sufrimientos relacionado a una orientación sexual egodistónica (conducta disonante)”, asociando la orientación sexual no heterosexual al trastorno psicológico y abriendo, incluso, la puerta a una posible medicalización.
El lobby evangélico fuertemente representado en el Congreso por el Frente Parlamentario Evangélico es el principal sustento de esta medida que, básicamente, considera enfermo a todo aquel que no se encaje en el modelo de sexualidad heteronormativa que dicta la familia tradicional cristiana.
Manicomios, electroshock, “cura gay”. El legado de Bolsonaro para la salud mental de los brasileños es la viva imagen del horror. Una política conservadora, reaccionaria y marcada por el fundamentalismo religioso que despoja de humanidad a las víctimas del sufrimiento psíquico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud para 2017, Brasil es el país con mayor índice de trastornos de ansiedad del mundo y el quinto en casos de depresión, 12 millones de brasileños sufren esta enfermedad.
Así mismo la enorme desigualdad y la exclusión social de millones de personas sobre todo en los grandes centros urbanos es un importante factor de deterioro de la salud mental en Brasil. Las políticas macabras del gobierno Bolsonaro acabarán impactando con mucha más fuerza a aquellos brasileños pobres que no pueden pagar un plan de salud privado y se ven obligados a someterse a esta política de salud mental que hace retroceder a Brasil varias décadas. Por cierto, los pobres que no votaron a Bolsonaro. Según el Instituto Datafolha el candidato petista, Fernando Haddad, ganó en 9 de las 10 ciudades más pobres de Brasil y en el 79% de los municipios más pobres del país. O sea, los más pobres no votaron por el electroshock, pero en Brasil siempre son los mismos los que pagan el pato
Fuentehttps://www.cuartopoder.es/analisis/...8tIRrHYN5GR4Hg
Jair Bolsonaro ofrece una rueda de prensa en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda
- Un mes después de la toma de posesión de Jair Bolsonaro, el Ministerio de Sanidad presentó la nueva propuesta de la Política Nacional de la Salud Mental y Política Nacional de Drogas
- En el texto se observan retrocesos como volver a las terapias con internación en manicomios y el uso del electroshock, incluso en casos de pacientes menores de edad
Por Esther Solano Gallego
Que la política tiene un impacto decisivo en la sanidad pública, es algo que ya sabemos, pero que la salud mental de un país esté en manos de un gobierno retrógrado es algo que, cuando se concreta, asusta, y mucho. En Brasil se está concretando. Las urnas lo definieron todo, hasta lo que puede o no ser tratado como enfermedad y cómo será tratado.
Durante el gobierno del expresidente Michel Temer comenzó un desmonte intenso de la sanidad pública brasileña con grandes recortes presupuestarios en favor de políticas estatales que beneficiaban la privatización de la sanidad. Esa fue la misma apuesta del gobierno Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, el Ministro de Sanidad, es un conocido aliado de los planes de salud privados, que financiaron parte de su campaña para diputado federal en 2014. Pero los cambios que el nuevo presidente está introduciendo en la sanidad pública brasileña van mucho más allá de cuestiones administrativas o presupuestarias.
En febrero de este año, un mes después de la toma de posesión de Jair Bolsonaro, el Ministerio de Sanidad presentó la nueva propuesta de la Política Nacional de la Salud Mental y Política Nacional de Drogas. En el texto, permeado de retrocesos casi inimaginables para el siglo XXI, se destacan dos: volver a las terapias con internación en manicomios y el uso del electroshock, incluso en casos de pacientes menores de edad. Así mismo, el documento favorece las llamadas comunidades terapéuticas, muchas de ellas vinculadas a instituciones religiosas, con un fuerte apelo evangelizador y que escapan al control estatal, para tratamiento de drogodependencias.
Por último, el documento amplía el número de plazas en hospitales psiquiátricos y, en sentido contrario, reduce la partida presupuestaria para los Centros de Atención Psicosocial, que ofrecen un tratamiento más humanizado para trastornos psíquicos y dependencias. Esta nueva política incentiva la hospitalización, la medicalización y la deshumanización de la enfermedad psíquica reforzando la lógica del aislamiento y la internación frente a la lógica de la asistencia multi-profesional, humanizada y socializada. La reacción del Consejo Federal de Psicología de Brasil no se hizo esperar. El organismo tachó los cambios de retrógrados diciendo que este modelo “priva al sujeto de libertad, dentro de un sistema que no favorece su recuperación, sino simplemente su aislamiento”. Así mismo, criticó el incentivo a la electroconvulsoterapia sobre todo contextualizado en la política de incentivo de la privatización de hospitales psiquiátricos que carecen de protocolos claros y normas de transparencia.
Todos estos retrocesos van frontalmente en contra de las conquistas establecidas por la Ley de Salud Mental 10.216 de 2001, el marco de la lucha antimanicomial brasileña y de la humanización del tratamiento psicológico que transfiere el foco de la institución hospitalaria a la atención psicosocial estructurada en una red de servicios comunitarios y abiertos. En Brasil, esta no es cualquier lucha.
En este país se habla del holocausto manicomial, la política de internación intensiva de personas en hospicios sin ningún control estatal y que morían masivamente por las condiciones de extrema insalubridad y precariedad de esos hospitales-cárceles. O se les mataba, o se les dejaba morir. Casos tan aterradores como el del Hospital Colonia de Barbacena, en el estado de Minas Gerais, donde se calcula que, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, murieron sesenta mil personas que estaban hospitalizadas, una especie de campo de concentración nazi para todos os indeseables (prostitutas, mendigos, homosexuales, adolescentes embarazadas y hasta opositores políticos) que eran calificados como enfermos mentales. La hospitalización era sinónimo de muerte en lugares como este. Los “locos” eran llevados al matadero. Como respuesta a este genocidio psiquiátrico, el movimiento antimanicomial se organizó en Brasil desde 1987 consiguió importantes proezas como la creación del sistema público de salud brasileño o la Ley 10.216. Todo eso, de un plumazo, vuelve hacia atrás en el tiempo, con la bendición de Bolsonaro
Pero las polémicas del presidente con la psicología no son de hoy, se arrastran durante los años de sus mandatos como diputado federal del Estado de Rio de Janeiro. La principal fue cuando, en 2017 apoyó la aprobación del proyecto conocido popularmente como “cura gay”, el Proyecto de ley 4931/2016 se encuentra tramitando en el Congreso.
En él se reconoce que los psicólogos podrán actuar en terapias de reversión sexual, considerando la homosexualidad como una enfermedad curable y retomando prácticas que están prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil desde 1999. El asunto centró el debate público cuando, en 2017, el juez federal Waldemar Claudio de Carvalho dictó una sentencia autorizando esta práctica alegando que los psicólogos deberían atender a aquellos que “enfrentan sus más variados dilemas y profundos sufrimientos relacionado a una orientación sexual egodistónica (conducta disonante)”, asociando la orientación sexual no heterosexual al trastorno psicológico y abriendo, incluso, la puerta a una posible medicalización.
El lobby evangélico fuertemente representado en el Congreso por el Frente Parlamentario Evangélico es el principal sustento de esta medida que, básicamente, considera enfermo a todo aquel que no se encaje en el modelo de sexualidad heteronormativa que dicta la familia tradicional cristiana.
Manicomios, electroshock, “cura gay”. El legado de Bolsonaro para la salud mental de los brasileños es la viva imagen del horror. Una política conservadora, reaccionaria y marcada por el fundamentalismo religioso que despoja de humanidad a las víctimas del sufrimiento psíquico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud para 2017, Brasil es el país con mayor índice de trastornos de ansiedad del mundo y el quinto en casos de depresión, 12 millones de brasileños sufren esta enfermedad.
Así mismo la enorme desigualdad y la exclusión social de millones de personas sobre todo en los grandes centros urbanos es un importante factor de deterioro de la salud mental en Brasil. Las políticas macabras del gobierno Bolsonaro acabarán impactando con mucha más fuerza a aquellos brasileños pobres que no pueden pagar un plan de salud privado y se ven obligados a someterse a esta política de salud mental que hace retroceder a Brasil varias décadas. Por cierto, los pobres que no votaron a Bolsonaro. Según el Instituto Datafolha el candidato petista, Fernando Haddad, ganó en 9 de las 10 ciudades más pobres de Brasil y en el 79% de los municipios más pobres del país. O sea, los más pobres no votaron por el electroshock, pero en Brasil siempre son los mismos los que pagan el pato
Fuentehttps://www.cuartopoder.es/analisis/...8tIRrHYN5GR4Hg
