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EL CAMINO DE NUESTRA DIGNIDAD
Había una aparente calma chicha. En lo relativo al estado de los derechos y de la inclusión social de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (en adelante lgtb) en Cataluña y en el conjunto de España los analistas percibían en el ambiente una extraña calma chicha. Algunos la venían a asociar con una suerte de sana y necesaria quietud tras la década prodigiosa y frenética que hemos vivido en este país, que comenzó con la apertura del registro municipal de parejas de Vitoria en 1994, siguió con la ley de parejas catalana en 1998 y culminó con la reforma del Código civil en 2005, que abrió el matrimonio y la posibilidad de la adopción conjunta a las parejas lesbianas y gays. Al mismo tiempo, se pasaba de calificar socialmente, a comienzos de los 80, a las personas lgtb como vecinos indeseables a reconocerlas y tratarlas con el respeto debido a su dignidad. Los más pesimistas, en cambio, sostenían que la aparente calma precedería a una terrible tormenta que invalidaría el derecho al matrimonio para las personas lgtb, bien por vía legislativa (una contrarreforma auspiciada por la derecha) o por una sentencia del Tribunal Constitucional impuesta por el sector conservador del intérprete supremo de la Carta Magna.
Yo me sitúo en un punto intermedio entre ambas posiciones. De entrada creo que no había tal calma. En todo caso, habían cesado las manifestaciones tumultuosas de sotanas en la calle, pero la caverna integrista no ha descansado ni un solo segundo en seguir alimentando el odio, el rechazo, los prejuicios y la manipulación contra la población lgtb y los últimos exabruptos pestilentes lanzados por los más conspicuos voceros de la extrema derecha así lo demuestran, rompiendo el espejismo de la susodicha calma. Una caverna de extrema derecha que es muy minoritaria socialmente pero muy fuerte y con gran capacidad de influencia por los recursos económicos y mediáticos de que dispone, además de terminales ejecutantes en muchas instancias de poder. Me inclino por pensar que la batalla del matrimonio la han dado por perdida en España (no en USA ni en Latinoamérica) porque el rechazo en la opinión pública es minoritario, porque gay y lesbianas de la derecha política y sociológica han contraido matrimonio o porque el gobierno sueco de centro-derecha está impulsando una reforma muy similar a la española. Ahora bien, los poderes fácticos de la derechona fundamentalista han puesto todas sus fuerzas en impedir que la homosexualidad y la transexualidad sean visibles en el ámbito escolar y, en general, en los mundos de los menores de edad, para espanto de los adolescentes lgtb que siguen padeciendo circunstancias lesivas para sus derechos fundamentales. Y debemos constatar que lamentablemente tienen motivos para sentirse satisfechos en la guerra que han librado contra la asignatura “educación para la ciudadanía”.
Quiero significar, aunque sea telegráficamente, algunas realidades que muestran claramente que el camino a una situación de igualdad social y de ausencia de discriminación y exclusión está a medio recorrer: a) muchos adolescentes lgtb sufren hostigamiento y acoso en las escuelas o en los espacios de ocio; b) las personas mayores están en el ostracismo y en muchos casos con su sexo-afectividad amputada; c) la visibilidad de las lesbianas que ocupan puestos con dimensión pública o mediática es prácticamente nula; d) el número de personas lgtb que necesitan ayuda y recursos para hacer frente a los daños que han sufrido en su dignidad y en su autoestima es muy elevado; e) muchas personas transexuales se hallan en situación de grave exclusión social f) jóvenes lgtb de muchos países del planeta que huyen del asesinato homofóbico, de la cárcel o de la conculcación de sus derechos fundamentales tocan desesperadamente las puertas del asilo y de la solidaridad en nuestro país.
Así las cosas, quisiera hacer hincapié en una idea de la que nos deberíamos empaparnos hasta el tuétano: las claves del futuro inmediato están fundamentalmente en nuestras manos. Ningún colectivo que ha sido objeto de discriminación o exclusión ha obtenido reconocimiento y salvaguarda legal y social de sus derechos fundamentales sin organizarse y trabajar de diferentes maneras en pro de ello. Por consiguiente, que contemos con un movimiento asociativo fuerte, diverso, con múltiples modalidades de participación y compromiso, y bien estructurado en redes, con vías de relación e interacción con poderes y administraciones públicas, así como con organizaciones sociales y con entidades privadas, es la mejor garantía no sólo de que sigamos haciendo el camino que con tantas dificultades hemos recorrido hasta ahora sino de que no haya marcha atrás.
Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco
