Me acerqué por primera vez a la Coordinadora Gai-Lesbiana hace ahora dieciséis años. Para mí fue toda una sorpresa poder ver que lo que yo sabía hacer desde mi ámbito profesional podía ser útil a la comunidad GLTB: como abogado, podía ayudar de una forma directa y en muchos casos contundente a la defensa de los derechos de personas que hasta 1979 eran consideradas por el Estado como peligrosos sociales, merecedores de ser «curados» de lo que enfermizamente se consideraba una desviación sexual.
Por aquel entonces, las Cortes aprobaron en 1995 un nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno de Felipe González, que reconocía por primera vez que cometer un delito por motivos homófobos sería considerado más grave que el delito a secas.
También de aquellos comienzos, recuerdo debates interesantísimos con Jordi Petit y otros compañeros de la Coordinadora, con los que pude aprender muchísimo. Y en esos debates, un buen día se comenzó a plantear a través del interés de partidos políticos, como el PSC, la posibilidad de que se legislase sobre los derechos de las uniones estables de pareja.
Cuando finalmente parecía en 1998 que la cosa iba en serio y que la regulación llegaría por una Disposición Adicional del Código de Familia de Catalunya, la entonces Consellera, Núria de Gispert, vetó esta posibilidad, porque a su criterio, la unión estable de pareja no era familia. Por eso, se le dedicó al tema una ley propia, la 10/1998, d’Unions Estables de Parella, que por primera vez reconocía derechos a las parejas de hecho, pero estableciendo un sistema totalmente discriminatorio: fijaba dos tipos de parejas (homosexuales y heterosexuales) con un paquete de derechos diferentes, según se tratase de uno u otro tipo de pareja: la homosexual tenía derecho hereditario entre sí (aunque mínimo y casi imposible), mientras que la heterosexual no tenía derecho hereditario, pero sí el de adopción.
Posteriormente, el movimiento GLTB ha proseguido reivindicando una igualdad de derechos total con respecto de los derechos que sí se han concedido a la pareja heterosexual desde siempre. Y de esta forma, en 2005, el Gobierno Maragall reformó la Llei d’Unions Estables de Parella e hizo posible que las parejas de hecho homosexuales catalanas pudieran adoptar conjuntamente. Esto supuso algo revolucionario, pues todas aquellas parejas en las que ya había hijos, si bien con la filiación reconocida a favor de uno solo de sus miembros, vieron posible que la persona a favor de la cual no se hubiera determinado la filiación adoptase al hijo de su compañero/a. Ni os cuento lo que para mí supuso el orgullo y la alegría de dirigir la primera coadopción del Estado: aún recuerdo las caras de felicidad de las dos madres y la tranquilidad jurídica que ello les supuso, después del esperpento jurídico en que vivió esa familia desde el nacimiento de los niños.
Posteriormente, llegó el derecho a contraer matrimonio, modificándose la ley que lo regula, ya que en ningún momento ha existido un «matrimonio gay», como algunos dicen, sino un derecho a contraer matrimonio que es común para heterosexuales o para homosexuales. Con esto, se abría la puerta definitivamente a que una pareja homosexual tuviera absolutamente los mismos derechos que la heterosexual y también las obligaciones derivadas, pudiendo incluso inscribir los hijos nacidos como hijos de ambos, en el caso de los matrimonios de mujeres, desde el año 2007.
En Catalunya, se acaba de aprobar en el pasado junio (y entrará en vigor el uno de enero de 2011) la nueva regulación del Derecho de familia, que por fin contempla como auténtica familia a la unión de hecho y da una plena igualdad a las parejas heterosexuales y homosexuales.
Nos encontramos ahora con unas elecciones inmediatas en Catalunya, a medio plazo las municipales y a largo plazo las generales a Cortes. En este contexto, ¿no sería bueno hacer memoria? A la hora de votar, tendríamos que recordar qué partidos han reconocido derechos y han abierto puertas para que existan y qué partidos no. Y sinceramente, convendría tener muy presentes las palabras de Rajoy, que ya anuncia que si su partido gana las elecciones, eliminará el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Una vez más, una clara incoherencia: el PP quiere imponer un solo modelo de familia, mientras que Cospedal y Sánchez Camacho (desde la libertad que su partido nos niega) pueden permitirse el lujo de tener familia monoparental, pero no el resto de los mortales…
Debemos hacer un ejercicio de memoria y tener en cuenta que el pastor en el cuento avisó de que el lobo venía, gastando una broma. Perdió notoriedad y al final el lobo vino y destrozó el rebaño: nadie le ayudó, porque no le creían. Pero la vida no es una fábula, sino nuestra cruda realidad. Y en nuestra realidad es el mismo lobo quien nos avisa del recorte de derechos. Y en esta realidad, recordemos que hay algunos que para obtener el poder, no se lo pensarán dos veces para pactar con el lobo. Por eso, ahora más que nunca, quienes estemos vinculados a la comunidad GLBT tenemos una doble obligación: primero, haciendo un ejercicio de memoria de lo que tenemos y no teníamos y, segundo, ejerciendo el voto con responsabilidad y sabiendo lo mucho que nos jugamos en ello para el futuro.
Ricard de la Rosa Fernández.
Abogado.
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort